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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que ningún partido político, nacional ni local, podrá utilizar los remanentes del financiamiento público que no hayan comprobado para pagar las multas impuestas por la autoridad electoral, porque deberán reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Durante su sesión de ayer miércoles, el Pleno de la Sala Superior determinó, por unanimidad, que son infundados los alegatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y resolvió que no es preciso crear un fondo para sanciones.
Lo anterior porque los partidos nacionales y locales pueden usar sus administraciones mensuales para pagar las multas sin hacer uso del financiamiento público destinado para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas.
Por lo tanto, una vez que haya quedado firme el dictamen y la resolución de la Unidad Técnica de Fiscalización a los Organismos Públicos, se informará a los partidos el monto a reintegrar del financiamiento público, a través de un depósito o transferencia.
Lo anterior dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, si no es así las autoridades electorales retendrán la ministración mensual de financiamiento público hasta cubrir el monto total del remanente.
El 23 de mayo el PRI impugnó el acuerdo INE/CG459/2018 del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual emitió los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido o comprobado del financiamiento público.
Este último otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de actividades ordinarias y específicas aplicable a partir del ejercicio 2018 y posteriores.
El magistrado Indalfer Infante González dijo estar de acuerdo en conservar cierto capital para hacer frente a ciertas contingencias como pago de pasivos laborales o contrataciones multianuales.
Sin embargo, aclaró que comparte la propuesta de que no se puede usar para las sanciones, porque es una forma de incentivar a los partidos a que actúen dentro de la legalidad para que no sean sancionados.
A su vez, el magistrado José Luis Vargas aseguró que en el fondo de esta discusión no debe perderse de vista que la finalidad es tutelar y proteger recursos públicos destinados para fines electorales.
Lo anterior para que la ciudadanía tenga transparencia y rendición de cuentas sobre el uso y el destino de los recursos, y que no haya margen para aprovechar ese remanente de dichos recursos.
Por separado, el consejero Marco Antonio Baños Martínez afirmó que los incidentes que se han registrado, como robo y destrucción de documentación electoral, no ponen en ningún riesgo el desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio. Notimex
