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El diputado Alejandro Cano Alcalá, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Acceso a la Información Pública de la LVII Legislatura, mencionó que haciendo un balance de los adelantos que se han logrado en esta materia durante los últimos seis años, el legislador aseguró que el actual gobierno estatal ha quedado a deber.
Sin embargo, indicó que en materia legislativa se ha trabajado para lograr un marco idóneo que permita proteger los derechos humanos, y por otro lado garantizar el libre acceso a la información pública.
“Hay temas que este gobierno deja pendientes en el trato a las personas y en la promoción y defensa de los derecho humanos. Vemos recomendaciones que emitió la propia Defensoría de los Derechos Humanos a lo largo de estos años. Vemos hechos como el caso de la Laborcilla, entre otros, que involucran a autoridades en violación de derechos humanos”, indicó.
Cano Alcalá mencionó que hubo casos en materia de salud en los que también tuvo que intervenir la Defensoría, lo que derivó en una serie de recomendaciones por parte de ésta al gobierno estatal.
“Lamentamos que algunas (recomendaciones) no fueron aceptadas por las autoridades”, reconoció.
El legislador agregó que la próxima administración estatal, así como la próxima legislatura, tendrán una serie de retos importantes en el tema de derechos humanos.
“Quien asuma, en la próxima legislatura, la presidencia de esta Comisión, tendrá que sumarse a trabajar con el gobierno y a proponer más iniciativas que tiendan a la defensa y protección de los derechos humanos” apuntó Cano Alcalá.
Por otra parte, el diputado blanquiazul fue claro al considerar que el actual gobierno estatal quedó a deber mucho en cuanto a transparencia y acceso a la información.
“Siempre y en muchos sentidos, se evadieron las solicitudes de información en temas tan socorridos como los recursos que se destinaron en publicidad y algunos otros temas y que al final nunca llegaron las respuestas a manos de quienes las solicitaban”, añadió..
Detalló que la Comisión a su cargo ya presentó una iniciativa para que la ley local se pueda homologar con la nueva ley federal de transparencia y acceso a la información, lo que provocará a su vez realizar una reforma constitucional, lo que supondría una actualización legislativa, necesaria e importante en este tema.
“Hay que destacar que tendremos más sujetos obligados, todo aquel ente que reciba recursos públicos tendrá que abrir su información y esto ya involucrará a los sindicatos, a los partidos políticos, a las universidades públicas. Por otra lado, tendremos un organismo que ya no será unitario, será colegiado y esto ayudará a que avancemos en este tema”.
