El diputado federal, Ricardo Astudillo Suárez, señaló que con la Ley de la Industria Eléctrica se pretende impactar de manera positiva en el medio ambiente, a través de un esquema de obligaciones para los usuarios calificados y las empresas de suministro eléctrico para la adquisición de certificados de energías limpias.
En el marco de la discusión y aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de dictamen que expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, así como la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el legislador agregó que con el cumplimiento de las obligaciones del servicio público y universal de energías limpias se pretende la reducción de emisiones contaminantes, además, con la apertura del sector, se permitirá que las diferencias tecnológicas de las empresas y las ubicaciones de energías limpias compitan entre sí.
El presidente de la Comisión de Energía dijo estar convencido de que se requería de esta reforma para aprovechar el gran potencial que tenemos en energías limpias, ya que con un mayor financiamiento en este sector y el impulso a la diversificación energética, se incrementarán los niveles de eficiencia, se reducirá el impacto ambiental del sector energético y se promoverá el desarrollo tecnológico.
Mencionó que el sector energético es uno de los más importantes para favorecer el crecimiento y desarrollo del país, por eso, la visión que ha tenido el Ejecutivo federal al impulsar la discusión de este rubro en el Congreso “ha resultado un gran acierto, pues requerimos que la industria eléctrica nacional opere con políticas públicas de visión a largo plazo, un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita una oferta diversificada, suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos, siempre asegurando un desarrollo sostenible”.
Recalcó que a pesar de que con esta reforma se abre la inversión en el sector, “también se garantiza que el Estado mantenga su rectoría, fortaleciendo a instituciones estratégicas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), basta señalar que el servicio público de transmisión y distribución de electricidad seguirá siendo prestado por la CFE, bajo la regulación de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de incentivar, tanto la expansión como la operación eficiente de las redes.