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Pese a que han trancurrido 10 meses de que la 58 Legislatura del estado iniciara actividades, no se han resuelto las cuatro investigaciones administrativas de responsabilidad que se iniciaron por parte del Congreso anterior contra servidores públicos; no obstante que el tiempo promedio que marca la ley para su resolución es de tres a 12 meses.
La información que recién fue puesta a disposición de la ciudadanía, en el apartado de transparencia de la página legislaturaqueretaro.gob.mx, señala que dichos expedientes fueron abiertos por la 57 Legislatura y se encuentran en “etapa de investigación”. Solamente uno de ellos se impugnó en juicio de amparo; sin embargo, la resolución fue que continuara la investigación.
Aunque con la presentación de esta tabla se cumple el apartado séptimo del artículo 68 de La ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública, no se puede conocer mayor información respecto a las personas que llevan estos procesos, toda vez que deberá ser anónimo hasta que se tenga una resolución, tal y como señaló el diputado presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, Mauricio Ortiz Proal, encargado de atender tales temas.
Aseguró que se han resuelto aproximadamente 10 expedientes que dejo la legislatura anterior, por lo que sólo restan los cuatro que se presentan en la página oficial.
Sostuvo que no se pueden dar a conocer más datos de los procesos en curso, ya que se afectaría a los imputados que están tratando de aclarar su situación legal.
“Se tienen tan sólo cuatro expedientes más, ya hemos desahogado entre ocho y 10 expedientes antes […], en la comisión, lo que yo veo es el posible juicio político contra algún funcionario por haber incumplido con su responsabilidad legal, se hace la solicitud para que la legislatura investigue la procedencia o no de esta manera”, indicó.
Al ser interrogarlo sobre el motivo que ha provocado la demora de las resoluciones, aseguró que se debe a la complejidad de los trabajos.
Destacó que se tienen que desahogar todas las pruebas y hacer investigaciones “minuciosas” sobre cada caso. “Esperemos poder estar en tiempo y forma estar desahogando cada una de las consideraciones que lleguen”, dijo el priísta.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Instructora tiene a su cargo la atención de asuntos en materia de juicio político, declaración de procedencia, suspensión o desaparición de ayuntamientos y revocación, así como suspensión o inhabilitación de alguno de sus miembros.
Además, esta es la única Comisión que puede sesionar de manera “reservada” y los integrantes de la misma tienen prohibido dar a conocer los expedientes en curso.
Otros dato que recientemente se publicó en la página oficial de la legislatura es lo referente a los contratistas de servicios profesionales, con lo que parcialmente se cumple el apartado décimo del artículo 66 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que sólo se da a conocer que a la empresa CJ Abogados se le entregaron 336 mil pesos por asesoría jurídica entre noviembre de 2015 y noviembre 2016.
EL UNIVERSAL Querétaro dio a conocer las cifras de todos los gastos que se realizaron en los primeros cuatro meses del presente año, en dicha investigación se pudo conocer que tal empresa recibió cinco pagos mensuales de 24 mil 137.93 pesos. De tal modo que si el pago continuara del mismo modo durante un año, se erogarían 289 mil 655.16 pesos.
