Será la próxima semana cuando dentro de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia iniciarán las mesas de trabajo para analizar la iniciativa que propone sancionar a los establecimientos que ofrecen supuestas terapias de conversión, adelantó el diputado presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero.
La iniciativa para combatir las terapias de conversión la ingresó el diputado por Morena, Armando Sinecio Leyva, en la que establece que deben reformarse legislaciones locales para garantizar que se respete el derecho al desarrollo libre de la personalidad, así como garantizar el respeto a la orientación sexual e identidad de género.
“Tengo la semana entrante una primera mesa de trabajo con el diputado Armando Sinecio, para iniciar el formato de cómo vamos a discutir esta iniciativa. La idea es invitar a colectivos y a otros miembros de la sociedad civil. Inician formalmente la próxima semana estos foros, con una primera mesa de trabajo”, dijo Vega Guerrero.
En esa reunión se establecerá un calendario para discutir la iniciativa. Confió en que antes de que concluya el año será posible tener un dictamen.
“Es un tema que sí debemos discutir, conocer y profundizar, derivado de ello podremos fijar una postura mucho más clara”, argumentó Vega Guerrero.
Por medio de la iniciativa se propone reformar la Ley de Salud, la Ley de Salud Mental, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Código Penal.
Dentro de la iniciativa que ingresó Sinecio Leyva se expuso que todas aquellas supuestas terapias de conversión se valen de tratamientos que tienen por único propósito anular la identidad de género y la orientación sexual; recurren a sesiones psicológicas, psiquiátricas e incluso a medidas violentas para tratar de lograr su objetivo.
La iniciativa indicó que a los espacios que supuestamente ofrecen cambiar la orientación sexual de las personas se les conoce como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género; se trata de lugares que ofrecen una supuesta opción par cambiar la orientación sexual, pero en realidad incurren en acciones de maltrato e incluso se ha reportado que llegan a cometer actos de abuso sexual.
A través de la iniciativa se propone castigar a toda aquella persona que realice esos supuestos tratamientos de conversión, también establece sancionar a quien los financie y a quien obligue a que sean tomados. Las sanciones se establecen con penas que van de los tres a los seis años de prisión, así como multas de 500 a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 48 mil 110 a 192 mil 440 pesos.