La jubilación del auditor Superior del Estado, Enrique de Echávarri Lary, fue aceptada por 21 votos a favor y cero en contra por el Pleno del Congreso local, funcionario que tras tres décadas en el servicio público dejará el gobierno con una pensión de 112 mil pesos al mes, esto pese a que la Ley de los Trabajadores del Estado impone un tope máximo de 62 mil 100 pesos mensuales, norma que según el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Guillermo Vega, no está vigente.
Según explicó Vega Guerrero en entrevista radiofónica en el programa “Desde la Una”, esta norma impulsada por el exgobernador Francisco Domínguez Servién, y reformada en 2021, incrementando de 42 mil a 62 mil pesos el tope de jubilaciones, fue declarada inconstitucional, por lo que ya no está vigente y el funcionario podrá recibir de forma vitalicia un millón 344 mil pesos al año.
“Esta discusión no formó parte de lo que los diputados votamos, pero pregunté sobre el hecho y hay que recordar que la reforma impulsada por el anterior gobernador, y que muchos aplaudimos, se declaró inconstitucional porque hubo muchos amparos por parte de funcionarios; esta norma no aplica actualmente y quiere decir que, en el ejercicio del derecho, puede beneficiarse de una jubilación como marca la ley”, señaló.
Por su parte, el también líder de los diputados de Acción Nacional reconoció que, además, la ley sólo contempla la renuncia del titular de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) “por causas graves”; sin embargo, argumentó que la Legislatura local no puede vulnerar tampoco derechos laborales adquiridos, por lo que aceptaron la baja de Echávarri Lary pese a que su periodo terminaba en febrero de 2028, dentro de un lustro y con sólo dos años en el cargo.
“Sólo podrá ser removido por causa grave con la misma votación. Es cierto que dicho ordenamiento no prevé el supuesto de la separación de jubilación, (pero) acorde en los previsto en el artículo 133, si algún trabajador hubiere acumulado los años requeridos para obtener su jubilación, tendrá derecho a que se le otorgue”, señaló.
La baja de quien también fue titular de la Unidad de Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro fue incluida en la sesión como una adición a la orden del día que no estaba prevista pues, explicó Gerardo Ángeles, se presentó el 17 de enero de forma oficial.
Asimismo, sólo requería la votación de las dos terceras partes del pleno, es decir, 16 legisladores; sin embargo, fue aprobado por todas las fuerzas políticas y sólo no votaron los morenistas Juan José Jiménez, Cristian Orihuela, el panista Uriel Garfias y Daniela Salgado de Querétaro Independiente, pues no asistieron a la sesión.