En una votación divida, el Congreso Local aprobó las leyes de ingresos de los 18 municipios, para el ejercicio fiscal 2025.
La ley de ingresos del municipio de Querétaro tuvo 13 votos a favor y 12 en contra, mientras que Amealco de Bonfil tuvo 3 votos en contra y Arroyo Seco uno en contra y dos abstenciones; el resto de municipios tuvo un voto en contra de la diputada petista Claudia Díaz Gayou.
Estas leyes de ingresos contienen las disposiciones normativas que determinan el monto anual de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones e ingresos extraordinarios, que tendrán derecho a percibir cada municipio de la entidad.
De acuerdo con los proyectos presentados, en 2025 Amealco de Bonfil percibirá ingresos por 473 millones 851 mil 359 pesos, Arroyo Seco por 218 millones 994 mil 49 pesos, Cadereyta de Montes por 468 millones 838 mil 596 pesos, Colón por 598 millones 390 mil 178 pesos, Corregidora por 2 mil 62 millones 731 mil 779 pesos y El Marqués por 3 mil 311 millones 621 mil 601 pesos.
Asimismo, Ezequiel Montes por 329 millones 388 mil 414 pesos, Huimilpan por 344 millones 652 mil 94 pesos, Jalpan de Serra por 302 millones 51 mil 388.80 pesos, Landa de Matamoros por 258 millones 502 mil 287 pesos, Pedro Escobedo por 437 millones 46 mil 974 pesos y Peñamiller por 219 millones 417 mil 861 pesos.
Mientras que Pinal de Amoles recibirá 285 millones 203 mil 233 pesos, Querétaro 7 mil 609 millones 755 mil 141 pesos, San Joaquín 196 millones 122 mil 730 pesos, San Juan del Río 1 mil 608 millones 454 mil 557 pesos, Tequisquiapan 449 millones 122 mil 404 pesos y Tolimán 254 millones 17 mil 76 pesos.
Durante la sesión, Rosalba Vázquez Munguía, diputada local de Morena, se manifestó en tribuna en contra de la ley de ingresos de la capital por estar en contra de la privatización de servicios como la recolección de basura.
La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, se pronunció en contra del cobro de licencias en los municipios.
También Gayou manifestó su oposición al Dictamen de la Ley de Ingresos del municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal 2025, ya que lo consideró como un retroceso en términos de justicia social y económica, además de que vulnera los principios de equidad y legalidad. Consideró que esta propuesta refleja una tendencia de que la carga económica sigue recayendo sobre los sectores más vulnerables y la clase media, dejando en el margen a aquellos con mayores capacidades contributivas.
