Mauricio Ruiz Olaes, diputado en la 59 Legislatura local, ingresó una iniciativa de ley para reformar 24 artículos del Código Penal del Estado de Querétaro.
La iniciativa servirá para reparar el daño en víctimas de diferentes delitos, así como a sus familiares, quienes actualmente se enfrentan a la poca disposición por reparar el daño por parte de asesor jurídico y fiscal. Entre los delitos en los que se podría aplicar la iniciativa se encuentran los de desaparición, homicidio, feminicidio y lesiones.
Con la iniciativa se logrará armonizar el Código estatal con la Ley General de Víctimas, acción que debió realizarse desde el 10 de agosto de 2013, que obliga a la reparación de daños. Al armonizar las leyes se eliminaría el camino tortuoso que deben seguir.
Actualmente, para acceder a la reparación de daño en Querétaro, se necesita respaldar la solicitud con documentales que determinen la cantidad económica. La reforma facilitará acceder a esa reparación económica, pero también a la reparación integral, que obliga a, entre otras acciones, a la restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
La presentación la realizó acompañado de representantes de la organización Desaparecidos y Justicia A.C. Querétaro, encabezados por Brenda Rangel Ortiz y Víctor García Herrera.
Rangel Ortiz remarcó que la iniciativa es una gran necesidad ante la ola de violencia que se vive en México.
Son más de 600 personas de las que se reportó desaparición desde 2012, se logró encontrar a 23, entre cuerpos y personas con vida. En 21 de esas localizaciones se sumó el trabajo de la organización.
“Dentro de esas más de 600 familias que han llegado, muchos de ellos los hemos recuperado a través de la Fiscalía General de la República, con las investigaciones en las carpetas que surten efecto. También, muchos de los desaparecidos que tenemos documentados, no permiten que se suban las fichas a las redes sociales”.
García Herrera denunció la falta de actuar por parte de los agentes de los ministerios públicos quienes, cuando reciben las denuncias por desaparición, optan por catalogarlas como por persona no localizada o extraviada.
Dijeron entender los lineamientos que existen en las dependencias, que obligan a catalogar una desaparición hasta después de que existen elementos para hacerlo, eso tras una investigación de 72 horas. El problema surge debido a que, tras el paso de días y meses, los expedientes continúan sin recatalogarse, lo que violenta el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.