El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Querétaro buscará elevar a rango constitucional el derecho al agua para garantizar que todos los ciudadanos puedan gozar de ella.
Así lo informó la diputada Laura Polo Herrera, quien presentó la iniciativa que modifica el artículo tercero de la Constitución Política del Estado de Querétaro.
“[Estamos] obligados a adoptar medidas positivas para poner fin a la desigualdad de acceso al agua y el saneamiento. La falta de sostenibilidad, las disfunciones y los retrocesos afectan principalmente a los miembros más marginados de la sociedad”.
El documento señala que el objetivo de la propuesta es garantizar la plena realización del derecho al agua a través de medidas legislativas que paulatinamente permitan alcanzarlo en su totalidad. La legisladora también añadió que resulta fundamental que el vital líquido se deje de manejar como un bien económico, y mejor advertirlo como un bien social y cultural.
“[Es necesario] fijar principios económicos adecuados en el manejo del agua, incluyendo precios justos y razonables para todos los tipos de usuarios; y retener la propiedad y el control público de las fuentes de agua”.
De hecho, señaló que entregar el manejo del agua a la iniciativa privada o ceder a su privatización representa un riesgo para la seguridad nacional. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en la cuenta pública de 2015 una serie de irregularidades por 8 mil 301 millones de pesos, una bolsa que correspondió a contratos no aclarados de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con empresas, así pagos indebidos e improcedentes.
“El derecho a disponer de agua potable y de servicios de saneamiento forma parte de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, y puede considerarse un requisito indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. El derecho de disponer de agua potable está estrechamente relacionado con el derecho a la salud física y mental; el derecho a la alimentación y nivel de vida adecuado; así como al derecho a la vida y a la dignidad humana”.
Polo Herrera argumentó también que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, especifica que “el Estado garantizará que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible, tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad".
arq