El Congreso del estado de Querétaro aprobó una serie de reformas al Poder Judicial local, en una votación que contó con el rechazo del grupo de los cinco diputados de Morena.
Estas reformas forman parte de la "Iniciativa de Ley que reforma disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro", promovida por los diputados Guillermo Vega Guerrero, presidente de la comisión legislativa, Leticia Rubio Montes y Germaín Garfias Alcántara, presidente e integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Entre las principales modificaciones se encuentra la obligación de que todos los servidores públicos del Poder Judicial, así como meritorios, prestadores de servicio social y practicantes, sigan los Códigos de Ética y de Conducta.
Además, se incorpora el Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial y se regula su estructura orgánica. También se amplían las competencias de los Juzgados Familiares para incluir la gestión del Registro Nacional de Obligados Alimentarios, y se flexibilizan los requisitos de edad y antigüedad en la Carrera Judicial para la designación de jueces.
Otra modificación importante es la clarificación de la antigüedad necesaria para ocupar cargos de secretarios de Acuerdos, Proyectistas, Auxiliares, Actuarios y Notificadores. Se detalla también la estructura interna de los Juzgados Laborales y se dota al Consejo de la Judicatura de los auxiliares necesarios según las necesidades del servicio y la suficiencia presupuestaria. La Coordinación de Peritos pasa a denominarse Coordinación de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia, para incluir a figuras como interventores, árbitros y albaceas.
La Dirección de Finanzas del Poder Judicial será corresponsable de la suscripción de convenios, contratos y otros actos jurídicos en los que se comprometan recursos públicos, en línea con sus atribuciones como parte del staff de la Presidencia del Tribunal.
Se agrega al catálogo de faltas oficiales de los jueces la recepción fuera de audiencia de cualquiera de las partes en los procedimientos del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, eliminando la mala práctica conocida popularmente como "alegatos de oreja".
Finalmente, entre los cambios se robustecen las capacidades institucionales de la Visitaduría Judicial y de la Dirección de Contraloría para iniciar investigaciones y fincar responsabilidades en casos de posibles faltas administrativas.
Las reformas, dijo Vega Guerrero, son el resultado de la experiencia acumulada por el Poder Judicial del Estado en casi dos años desde la publicación de la Ley Orgánica vigente el 30 de septiembre de 2022.
Esta ley ha sido objeto de dos reformas previas, publicadas el 27 de diciembre de 2022 y el 15 de noviembre de 2023, ambas promovidas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).