La Presidencia de la República hace bien en impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable pues es inconstitucional, señalaron Andrea Tovar, coordinadora de los diputados locales de Morena, coincidiendo también con la lideresa local de su partido, Rufina Benítez Estrada.
La impugnación presentada el pasado 7 de mayo ha generado una amplia discusión en el ámbito político, en particular entre los candidatos que se disputan cargos de elección popular en el estado, por lo que para Benítez Estrada, es una acción que será valorada por los votantes en el contexto de las elecciones del próximo 2 de junio.
Benítez Estrada expresó su esperanza de que la SCJN actúe en consecuencia ante lo que considera una ley arbitraria. Según ella, la normativa actual simula cumplir con el derecho al agua, pero en realidad limita a las familias, impidiéndoles pagar por el servicio y restringiendo el suministro a niveles insuficientes, incluso en situaciones de emergencia donde se establece un mínimo de 50 litros por persona.
“Nos da gusto y ojalá los ministros de la SCJN actúen en consecuencia ante esta ley arbitra, que simula o trata de simular que se cumple con este derecho cuando limita a familias para que ya no puedan pagar y que no se les dote de suficiente agua cuando es un derecho humano”, señaló.
Al respecto, Andrea Tovar Saavedra, coordinadora de los diputados locales de Morena, subrayó que su partido ha rechazado la ley desde su inicio. Argumentó que la legislación actual limita el acceso al agua y abogó por una reforma que asegure un acceso generalizado y suficiente para toda la población.
Insistió en que la norma es inconstitucional y que su promulgación busca evitar una sentencia que obligue a reformar la ley de 2022. Considera imprescindible una revisión que garantice plenamente el derecho humano al agua, tal como lo establece la Constitución.