La detención de dos integrantes del equipo de José María (Chema) Tapia Franco, candidato a la alcaldía capitalina por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), no tuvo justificación jurídica, señaló Iván Reyes, representante de esta última formación política, en sesión del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ).
Además, para el representante del Verde, el IEEQ debió posicionarse por la detención que, agregó, se basó en una fotografía de una militante que en compañía de su hijo pegaba propaganda en mobiliario público, falta administrativa que, aseguró, no se comprobó con pruebas documentales como videos o fotografías, defendiendo además que sólo llevaban gorras y bolsas.
Por su parte, Sinuhé Piedragil, delegado nacional de Morena en Querétaro, señaló que el oficialismo local ha llevado a cabo una campaña “de miedo” contra los militantes de Morena y acusó a Erick Gudiño, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno local, de orquestar el operativo en el que se habría perseguido a militantes morenistas.
“Utilizan al aparato del estado, porque no sólo fue la detención del representante del Verde Ecologista, sino ayer lo que se observó fue un acto premeditado por parte del gobierno del estado, donde se acusa de poner propaganda en mobiliario. Yo me pregunto ¿qué hacía el personal de Segob y el subsecretario Gudiño sobre esta demanda?”, recriminó.
Sin embargo, la consejera presidenta del organismo autónomo se negó a realizar un pronunciamiento específico por la detención del representante del PVEM, sumándose al llamado general de llevar a cabo el proceso electoral en “un ambiente de civilidad”.
“Llevamos a cabo lo solicitado. No estamos en el momento oportuno para pronunciarnos sobre ningún asunto porque podría afectar el debido proceso. Pero sí nos toca hacer el llamado a los actores políticos a apegarse a los principios rectores, llevando a cabo este proceso electoral en un ambiente de civilidad”, señaló.
El representante del PAN dijo que las autoridades habrían actuado de manera correcta si sí sucedió una pega de propaganda en mobiliario público y rechazó que debiera haber un pronunciamiento del Consejo General del IEEQ y la multa es parte de las medidas correctivas establecidas en las normas locales.
“Este asunto se sustanció en los Juzgados Cívicos y no amerita más que una amonestación. Fijar propaganda en mobiliario urbano es una infracción”, señaló.