Los diputados priistas Graciela Juárez Montes y Juan Guevara Moreno, ingresaron una iniciativa de ley para sancionar con penas de uno a 15 años de prisión a quienes cometan robos en los planteles educativos.
La iniciativa plantea reformar la ley de educación del estado, para que sea un delito y se investigue por oficio cualquier robo que se cometa contra los planteles.
Los diputados expusieron en la iniciativa que cuando se daña a las escuelas, se afecta directamente a quienes estudian en ellas, de ahí la importancia de establecer penas privativas de la libertad y multas económicas.
De aprobarse la iniciativa, las penas contra quienes roben instituciones educativas en Querétaro serán de 100 a 750 días de multa, así como de uno a 15 años de prisión.
“Esta reforma tiene como objetivo crear un delito específico para el robo a las escuelas.
“Se propone penas de uno a 15 años de prisión a quienes cometan este tipo de hechos delictivos en las escuelas… dicho delito penal, será por oficio”, argumentó Juárez Montes.
A través de la iniciativa se propone reformar la Ley de Educación y el Código Penal del estado, este último para adicionar el artículo 183 quintus, que catalogue como delito el robo a las escuelas, explicó la legisladora local.
Se expuso en la iniciativa que las mismas autoridades revelaron que los robos y el vandalismo afectaron a, por lo menos, 150 centros educativos en la entidad, durante el tiempo que permanecieron cerrados a causa de la pandemia.
Al menos 40 escuelas debieron ser rehabilitadas por robo o vandalismo, eso con información del coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Raúl Iturralde Olvera.
Los legisladores explicaron que en la ley de educación se deberá definir qué es aquello que se entiende como infraestructura educativa y al definir cuál es la infraestructura que se debe tener en cada escuela, se tendrá información para atender todas aquellas deficiencias que existen en planteles de la entidad.
“Cualquier atentado o afectación que sufren las instituciones educativas va en detrimento del ejercicio al derecho a la educación, así como al libre desarrollo de la personalidad”, declaró Juárez Montes.
En la entidad se tiene el registro de 650 mil 232 personas que estudian, lo que abarca educación inicial, educación especial, educación básica, educación media superior y educación superior. Del total, 50.39% son mujeres y 49.61% hombres; 355 mil tienen alguna limitación o discapacidad.