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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, aseguró que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, es el único exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón que es investigado.
“Son seis personas físicas y cinco personas morales, incluyendo familiares del señor García Luna. Fue un trabajo que se hizo en coordinación con el departamento de Justicia del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos y ya se hizo el bloqueo de cuentas”, precisó.
Al asistir a la Universidad Marista de Querétaro, en donde presentó el informe Casa Limpia, Nieto Castillo destacó que la política anticorrupción del gobierno está íntimamente ligada con la estrategia de seguridad.
Recordó que durante el sexenio anterior se logró la captura de 116 de los 129 objetivos del gobierno, personas ligadas con el crimen organizado; sin embargo, no se logró avanzar más porque no hubo un ataque directo a su actividad económica, lo que permitió que siguieran operando en el país.
“Digamos que fue un éxito cuantitativamente hablando, pero no se centraron en el núcleo que es la actividad financiera”, expresó.
Expresó que el gobierno federal entiende la corrupción como un problema multifactorial, por lo que deben incluirse medidas que refuercen la seguridad, pero también el desarrollo social y la economía formal.
A ello se suma la complicidad de funcionarios públicos que, por amenaza o complacencia deliberada, permiten operar a la delincuencia organizada.
“Se debe combatir la promoción política porque los grupos delincuenciales no nacen por generación espontánea, se hacen a partir de acuerdos con clases políticas, particularmente locales que permiten el intercambio, por amenaza o complacencia. La corrupción política debe de ir de la mano con una estrategia de seguridad”, afirmó.
Esto incluye la corrupción en el Poder Judicial que propicia la impunidad: “La corrupción la encontramos sobre todo en magistrados y jueces porque la protección que pueden dar hacia los grupos delincuenciales es grande; lo importante es que estos grupos no tengan ningún mecanismo de protección de los ministerios públicos”.
En un último punto del combate a la corrupción, el titular de la UIF destacó la aplicación de una política social que combata la pobreza y genere oportunidad para las y los mexicanos, quienes, al tener oportunidades de bienestar económico, evitarán sumarse a las filas de la delincuencia.
Nieto Castillo presentó el informe que en noviembre fue entregado al Senado de la República en donde destacó que en los primeros 10 meses de gobierno federal, se bloquearon 9 mil 100 cuentas bancarias, algunas relacionadas con la delincuencia organizada.
