El gobernador Francisco Domínguez Servién ya presentó una demanda en contra del empresario Sergio Bustamante Figueroa, quien en su testimonio lo señaló como uno de los políticos presuntamente beneficiados con operaciones ilícitas en Libertad Servicios Financieros.
Aunque no indicó ante que instancia, dijo que el pasado viernes se presentó a levantar la demanda en contra de Bustamante por daño moral, pues afirmó que sus dichos son falsos.
Bustamante Figueroa, quien dio testimonio en el caso del abogado Juan Collado -vinculado a proceso por presuntas operaciones ilícitas- expuso que Domínguez Servién habría recibido dinero ilícito para financiar su campaña electoral en 2015.
“Yo siempre se los dije que eran infamias de un mentiroso al cual ahora le viene lo contrario, el viernes presenté la demanda y ahora vamos a ver el curso; mi objetivo es que voy a dar la lección de que nadie puede decir dichos si no los tiene sustentados”.
El gobernador aseguró que un testimonio falso afecta no solo al político, sino al ciudadano y el nombre de la persona señalada, por lo que no se debe permitir que nadie declare sin fundamentos, aseguró.
Recordó que ya fue deslindando desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto durante una declaración pública del titular de esa Unidad, Santiago Nieto Castillo.
Para hablar del tema, dijo que también se reunió con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también “lo deslindó” del caso, y una situación similar ocurrió con el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
“Yo le agradezco, el lunes me reuní con Julio Scherer en la Ciudad de México, ratificándome esta buena noticia que dijo, vino aquí y les notificó Santiago Nieto y lo voy a ratificar con el Jurídico de la Presidencia de la República (…) tuve una plática con el Fiscal General, no voy a dar detalles”.
Al abogado Juan Collado se le vinculó a proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y parte del expediente -por testimonios- se señala a políticos como el gobernador de Querétaro, al senador Mauricio Kuri González (ambos deslindados por la SHCP) y a ex presidentes como Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.