En rueda de prensa, la diputada por Morena, Laura Patricia Polo Herrera, acompañada de habitantes del fraccionamiento Vista Real, ubicado en el municipio de San Juan del Río, expuso la situación que viven por un presunto fraude derivado de la adquisición de unos terrenos.
Consideró que los afectados fueron engañados, no solamente por el promotor, sino por las autoridades municipales, quienes les indicaron que el fraccionamiento no era un asentamiento irregular, y ahora viven en la incertidumbre, ya que sus predios fueron enajenados a otras personas y temen perder su patrimonio.
Polo Herrera explicó que en 2003 se pusieron a la venta casi 800 lotes que conformaban aproximadamente 22 hectáreas, propiedad de Issac Sánchez Borges y Antonio Vázquez Díaz, y de ese tiempo a 2007 vendieron aproximadamente 400 fracciones a un precio de 40 mil pesos cada uno, pagados en parcialidades; además de que pagaron la urbanización, ya que según se les informó, era requisito de escrituración.
La diputada Laura Polo relató que “con el paso del tiempo, después de comprar, se empezaron a dar cuenta que existían una serie de irregularidades, por lo que en 2009 levantaron una demanda ante la PGJ, actualmente Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que realizará las investigaciones correspondientes, mediante la averiguación previa DP/19/2009, y a 10 años de haber levantado esa denuncia, a la fecha no se tiene respuesta alguna”.
Los denunciantes informaron que en el 2010, el apoderado legal de las personas que les vendieron los terreros volvió a ratificar, pero en esta ocasión escrituraron en Celaya. Dieron a conocer que dicha transacción se realizó entre familiares y conocidos, (no obstante que dicho predio ya estaba en litigio) y los supuestos nuevos propietarios comenzaron a lindar sus macro lotes, despojando a los que antes habían adquirido pequeñas fracciones.
Los demandantes indicaron que estos hechos los denunciaron ante las autoridades correspondientes de San Juan del Río, quienes tuvieron conocimiento de que se trataba de una doble venta y no hicieron nada para impedirlo.
Además, los afectados informaron que en el lapso de este tiempo han acudido con autoridades municipales y estatales, incluso, al inicio de este año, dirigieron su petición al Presidente de la República, a través de Atención Ciudadana, asunto que remitieron a la Secretaría de Gobierno, y ellos a su vez enviaron el caso al Lic. Salvador Arvizu Galván, director general de la Defensoría Penal Pública en Querétaro, quien defendió a los deudos acusados.
Señalaron que la última acción que han realizado fue levantar una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, con el fin de que presione a la Fiscalía a concluir la investigación del caso. Precisaron que en la actualidad, el fraccionamiento sigue siendo un predio irregular, el cual no cuenta con ningún servicio.
La diputada Laura Polo expresó que, además de dar a conocer este caso, estará pendiente de los expedientes que se han abierto en las diferentes dependencias en las que se ha dado a conocer la problemática, con el fin de que se tenga una resolución inmediata, ya que algunas de ellas el asunto lleva diez años y los vecinos afectados necesitan tener una certeza jurídica con respecto a sus propiedades.