Además de que el PAN y el PRI presentaron una denuncia en contra de la delegada del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche, debido a que se le acusa que personal de la dependencia participó en la protesta por el agua, también se confirmó que la citada funcionaria fue denunciada ante la Fiscalía General de la República por la omisión e incumplimiento en el pago de pensiones a personas en situación de vulnerabilidad.
La presidenta estatal del PRI, Abigail Arredondo, informó que se presentó una denuncia en contra de 14 servidores públicos de la Secretaría del Bienestar en Querétaro, entre ellos, la delegada, Rocío Peniche Vera.
Esta denuncia fue presentada ante el Órgano de Control Interno de la Secretaría del Bienestar a nivel federal: “esto corresponde a su probable participación en la marcha que llevaron a cabo el pasado 20 de octubre, habitantes de Maconí, municipio de Cadereyta. Servidores públicos de esta Delegación, participaron en la marcha, alejándose de las funciones para las que fueron contratados y violando los artículos 49 y 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
La dirigente estatal del PRI, destacó que esta denuncia, firmada por ella y los diputados locales, Paul Ospital, Graciela Juárez y Juan Guevara Moreno; pide la investigación de estos hechos y mientras esta se realiza, la separación del cargo de 14 servidores públicos, entre los que se encuentra la delegada.
Por separado, también hicieron lo mismo los 16 diputados locales del PAN y el Comité Estatal de este partido.
Por su parte, el abogado, David Fabela Mendoza, dijo que Rocío Peniche, titular de la Secretaría del Bienestar, está incurriendo en delitos federales por no garantizar la entrega de programas sociales, por lo que una jueza federal turnó a la FGR un juicio de amparo.
David Fabela, precisó que lleva 14 recursos de amparo por incumplimientos de pagos por dicha dependencia federal.
Hasta ahora, Fabela Mendoza ha logrado ganar tres casos, otorgándoles sentencias que obligan a Bienestar a pagar el retroactivo de los meses atrasados. Si se suman dos casos más, agregó, se crearía una jurisprudencia que facilitaría el trámite de los 11 restantes. El número de afectados, advirtió además, es superior a las demandas pues muchos deciden no iniciar recurso legal.
“Es reiterada la insistencia para que les paguen, que se cansan y acuden a mí, pero hay muchos que no se deciden a meter el amparo porque piensan que es sinónimo de problemas. No es un pleito, es pedir un derecho a la institución”, explica el abogado Fabela.
