Diputados presentaron una iniciativa de ley para reformar la Constitución local y establecer como requisito imprescindible para ocupar cargos públicos, el cumplimiento de las obligaciones de pensión alimentaria, sin estar catalogados como personas deudoras.
La presidenta de la Comisión de la Familia y Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, diputada Mariela Moran Ocampo, precisó que “las familias queretanas no pueden estar en manos de evasores, pues las omisiones hacia éstas, pueden convertirse más adelante en faltas de responsabilidad de servidores públicos. Debemos asegurarnos de que aquellos que ostentan responsabilidades públicas sean ejemplo de compromiso, ética y solidaridad”.
La legisladora informó que, según datos del Inegi, en el país tres de cada cuatro hijos de padres separados no están recibiendo su pensión alimentaria, cifra que los obliga como diputados a reflexionar y tomar acciones, ya que esta omisión impide a los menores a acceder a una vida digna, privándolos principalmente, de la alimentación suficiente, servicios de salud, de un entorno seguro y de un desarrollo integral que necesitan.
La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Liz Selene Salazar Pérez, indicó que, como diputados, serán defensores y se trabajará cuanto sea necesario para establecer los candados necesarios para que este tipo de personas no puedan ser gobernador, diputado o miembro de algún ayuntamiento, es decir, que no puedan acceder a cargos de elección popular y que, además, tampoco puedan ser nombradas por ninguna encomienda en el servicio público.
Recordó que, el pasado 29 de mayo, este tema fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y, en miras del próximo proceso electoral, en el que se renovarán diputaciones y ayuntamientos, se debe ajustar su marco jurídico a efecto de que la legislación vaya de la mano con lo que establece la Carta Magna.
El diputado por Querétaro Independiente, Manuel Pozo Cabrera, mencionó que el padrón único será competencia del Sistema Nacional DIF, alimentado por las distintas entidades federativas, por lo que el estado se debe adecuar a lo que la norma suprema señala.