Antonio Zapata Guerrero, diputado presidente de la Comisión de Movilidad, reprobó que taxistas hayan recurrido a la violencia para exigir que se evite la operación de quienes ofrecen el servicio de transporte a través de aplicaciones.
Esto luego de que la noche del lunes, los conductores decidieron manifestarse para exigir a las autoridades que se ponga un freno a quienes brindan el servicio a través de las plataformas.
Estimó que la decisión de manifestarse radicó en la desesperación de considerar que el muy esperado aumento en la clientela es aprovechado por quienes trabajan a través de plataformas.
El legislador explicó que los enfrentamientos y la violencia nunca aportarán, de ahí que urgió a los taxistas tradicionales a fomentar el diálogo, además de continuar con los esquemas de mejora, que poco a poco les ayudará a mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de ellos.
“El famoso taxi amarillo, durante muchos años se mantuvo conforme fuera la corriente, hoy ya tiene un buen tiempo que han venido cambiando, se está trabajando, a partir del 1 de octubre, con el taxímetro digital, se están mejorando, considerablemente, las unidades. La percepción de los ciudadanos va a ir cambiando de manera gradual”, aseguró.
Zapata Guerrero avaló los encuentros que mantiene el el Instituto Queretano del Transporte (IQT) con taxistas y dueños de plataformas, de ahí que rechazó que la manifestación se debiera a alguna falla en los diálogos. Remarcó que el interés por manifestarse la noche del lunes debió surgir de que los taxistas consideraron que eran los conductores de plataformas quienes resultaban beneficiados con el repunte de usuarios que se originó con el reciente puente largo.
Además urgió a quienes laboran a través de las plataformas a migrar a las que operan de manera regular, o en caso contrario, implementen las acciones necesarias para cumplir con todo lo que exige el IQT.
Recordó que se analiza sancionar, de manera penal, a aquellos que ofrecen el servicio de manera irregular y que a solicitud de los propios taxistas se estudia si resulta necesario imponer sanciones penales.