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Habitantes de La Peñuela, en Colón, acudieron al Congreso local para solicitar que los diputados no aprueben la donación de terrenos a favor de la Guardia Nacional, Sedena y Diócesis de Querétaro, pues al hacerlo respaldarían que se les desaloje de terrenos ejidales que están en sus familias desde 1936.
Lo anterior en rueda de prensa que encabezó la morenista Laura Polo Herrera, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, quien indicó que desde hace años los ejidatarios luchan para que se le reconozca la propiedad de las tierras.
El regidor de Colón, José Manuel Terrazas Pérez, explicó que parte de las 40 hectáreas, propiedad de los habitantes, las compró el ayuntamiento y 18 hectáreas las recibió en permuta de Vesta Park. En ninguno de los casos las negociaciones previas contaron con el aval del ejido, y en la donación de Vesta Park tampoco se respetaron las tablas de valores.
Advirtió a la Contraloría municipal, desde el 16 de enero, de un posible daño al erario público sin que a la fecha se le de respuesta y que desde que gobierno reconoció la propiedad de los ejidatarios, en 1936, se crearon nueve diferentes escrituras, sin que alguna de ellas contara con el respaldo del ejido.
Los habitantes remarcaron que en 1936 se reconoció al ejido como propietario, esto en el diario oficial La Sombra de Arteaga, pero desde antes sus familiares aprovechaban esas tierras para siembra, esparcimiento y para viviendas.
Ese territorio actualmente cuenta con casas, áreas comunes y zonas de esparcimiento.
El último intento de despojo se realizó el 20 de agosto de 2018; policías y personas con maquinaria intentaron ingresar a la propiedad ejidal para destruir las construcciones, cuando habitantes se opusieron, los oficiales agredieron y arrestaron a cinco personas.
Se les intentó llevar ante el juez cívico de Tolimán, pero no aceptó ingresarlos. En 2017 siete personas fueron detenidas, en ese entonces obtuvieron un amparo contra la orden del alcalde.
Dos de las personas arrestadas en 2018 eran de la tercera edad, y contra todas se utilizó exceso de fuerza, algunas aún sufren secuelas físicas.
Desde enero de 2016 solicitan audiencia con el gobernador para exponer el intento de desalojo al que se enfrentan 3 mil familias.
