El diputado local del Partido Encuentro Social (PES), Ricardo Caballero González, ingresó iniciativas para reformar los códigos Civil y Penal del estado, para prohibir que los deudores alimenticios celebren un segundo matrimonio, y lograr que el reconocimiento de la paternidad sea retroactivo.
También busca establecer como delito la cobranza extrajudicial ilegítima a la que recurren bancos y agencias de cobranza.
La iniciativa para obligar al cumplimiento del pago de pensiones establece crear un registro de deudores alimenticios del estado, organismo que sería responsable de emitir certificados de no adeudo.
A ese registro tendrían que acudir todos los hombres y mujeres que quieran contraer matrimonio, toda vez que sin el certificado de no adeudo estarían imposibilitados a iniciar los trámites ante el Registro Civil.
En la iniciativa también se establece que el hombre o mujer que, tras la separación, tenga la obligación de pagar pensión alimenticia, tendrá que entregar la cantidad que se le asigne de manera retroactiva.
Se trata de una iniciativa que busca modificar el Código Civil para el Estado de Querétaro, en sus artículos 96, 252 y 307.
El legislador ahondó que durante 2018 se efectuaron 4 mil 396 divorcios, en 635 de ellos se estableció la obligación de pagar pensión alimentaria
Las cifras fueron menores a las de 2017, cuando se efectuaron 5 mil 575 divorcios y en 721 se determinó una pensión alimentaria.
Sancionarían acoso de bancos y agencias de cobranza. En cuanto a la cobranza extrajudicial ilegítima, indicó que este delito se determinaría luego de modificar el Código Penal del estado.
Se trata de una necesidad al tomar en cuenta las malas prácticas de cobranza en las que incurren bancos y agencias.
Explicó que la Comisión de Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef), informó que en el periodo comprendido entre enero y julio de 2014 recibió 13 mil 459 quejas por gestión de cobranza indebida, luego que que 65 % de los cobros se dirigieron a quienes no eran responsables de la deuda.
En las quejas registradas de enero a abril del 2017, reportó 7 mil 960 reclamaciones.
El primer lugar de las causas más reclamadas lo ocupo la cobranza a una persona que no era el usuario, cliente o socio deudor, al ocurrir en 23.7% de los casos.
La siguiente causa fue, con 14.6% de los casos, que la forma de cobrar no se dirigió de manera adecuada, mientras que, en tercer lugar, con 12 % de las situaciones, derivó de que las gestiones de cobranza se realizaron a través de amenazas y ofensas.
Al catalogar como delito la cobranza extrajudicial ilegítima, quienes incurran en ella se podrían hacer acreedores a penas que irían de los seis meses a los dos años de prisión.