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El secretario de la Contraloría del estado, Óscar García González, hizo un llamado a reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que el acoso y el hostigamiento sexual sean considerados faltas administrativas graves, actualmente, estas conductas no están tipificadas como tales, lo que complica su sanción en el ámbito administrativo.
“Hoy tenemos una normatividad en materia de responsabilidades que es clara, nos permite justamente iniciar este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué sí pediríamos? Que el acoso y hostigamiento quede tipificado en la Ley General de Responsabilidades como una falta grave”, declaró el funcionario.
Explicó que, aunque los órganos de control han logrado sancionar a los responsables, ha sido necesario encuadrar estos actos dentro de “una conducta irregular del servicio público” y realizar una extensa argumentación jurídica para justificar la inhabilitación de los infractores.
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A pesar de estas limitaciones, García González aseguró que todos los maestros denunciados por acoso y hostigamiento han sido dados de baja e inhabilitados del servicio público, y que cada caso ha sido turnado a la Fiscalía Anticorrupción para la apertura de investigaciones penales.
La propuesta impulsada a nivel estatal busca proporcionar mayor certeza jurídica en los procesos administrativos y evitar que los responsables de acoso en el ámbito escolar o en cualquier área del servicio público evadan sanciones por vacíos legales.
El secretario respaldó la iniciativa recientemente presentada a nivel nacional por el gobernador del estado, la cual podría facilitar el trabajo de los órganos de control.
“Tenemos que considerarlo como una falta grave a través de una conducta irregular del servicio público y hacer mucha argumentación jurídica para que esas personas que cometen este tipo de situaciones sí sean sancionadas”, explicó.
En febrero de 2020, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y tipificar el acoso y hostigamiento sexual como faltas graves. Sin embargo, la reforma aún no se ha implementado a nivel nacional.
La urgencia de esta reforma se ve reflejada en diversos casos reportados en el país. En octubre de 2024, la Secretaría de Educación de Veracruz cesó a 64 docentes por casos de hostigamiento o violencia sexual. Asimismo, en noviembre de 2024, la Secretaría de Educación Pública en Puebla registró 49 quejas por violencia y acoso sexual en escuelas desde 2023.
En Querétaro, durante 2022, se reportaron 15 denuncias de violencia en el interior de las escuelas, de las cuales dos fueron de índole sexual. Estos datos evidencian la prevalencia de estas conductas en entornos educativos y la necesidad de un marco legal más sólido para sancionar adecuadamente a los responsables.