Sentencian a cinco años de prisión al exsecretario de Administración del gobierno municipal de Colón, Joel Pedraza Colín, por simular la compra de patrullas, hecho que causó un daño al erario por cuatro millones de pesos.
Ayer por la tarde, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio a conocer que se obtuvo sentencia condenatoria en contra de un exservidor público del municipio de Colón, de la administración 2015-2018, por el delito de negociaciones ilícitas.
La fiscalía, por cuestiones que le impide la ley, no dio el nombre del sentenciado, pero al consultar con fuentes internas del municipio de Colón y cercanas al caso, confirmaron que el exfuncionario al que se le decretó prisión porque se le encontró culpabilidad de la simulación de compra de patrullas es Joel Pedraza Colín, quien ocupó el cargo de secretario de Administración en el gobierno de Alejandro Ochoa Valencia, quien gobernó esta demarcación en dos trienios consecutivos.
El delito de negociación ilícita, puntualizó la fiscalía, se comprobó al evidenciar que se simuló la compra irregular de patrullas a una constructora, sin que los vehículos fueran entregados a la policía o alguna otra instancia municipal; no obstante, de manera indebida se realizaron pagos mediante transferencias a dicha empresa.
A Pedraza Colín se le detuvo el 13 de agosto de 2020, junto con el entonces alcalde en funciones Alejandro Ochoa Valencia, quien estuvo en prisión durante 10 meses y actualmente enfrenta su proceso en libertad, mediante medidas cautelares que se le decretaron, como es la prohibición de salir del estado, así como no acercarse a ninguna sede de la presidencia municipal, ni al domicilio de algún testigo.
La fiscalía especializada dijo que al exsecretario de Administración de Colón se le impuso por parte del juez de juicio oral, una pena de prisión de cinco años, la reparación de daño cercana a los cuatro millones de pesos, así como su inhabilitación también por cinco años para poder ejercer algún cargo público.
El ahora responsable del hecho delictivo, detalló la fiscalía anticorrupción, fue denunciado por una persona perteneciente a la administración municipal en 2017, de la cual no dio su nombre, pero fuentes del actual gobierno municipal confirmaron que se trata de la entonces regidora por el PRI, Adriana Lara Reyes.
Ante el juez de oralidad, añadió, se presentaron las pruebas suficientes para señalar la participación del imputado, por ello, la autoridad jurisdiccional lo señaló como culpable.