El PRI recurriría al amparo para obligar al gobierno del estado a informar cuánto dinero destina al transporte público y de qué porcentaje del servicio es dueña la empresa ADO, luego de que se “ahorcó” a los concesionarios para obligarlos a vender, sostuvo Juan José Ruiz, presidente del comité estatal.
Afirmó que esa compañía es dueña de 70% de las concesiones, de ahí que todas las acciones que programa gobierno del estado con recursos públicos son para favorecerla.
Pasaron ya 40 días desde que ingresó una solicitud de información, y aún no se obtiene respuesta de gobierno del estado, de ahí que se recurriría al amparo para conocer cuánto se pagó por las concesiones que ahora tiene ADO.
“Se venció hace una semana el plazo para que ya estuvieran generando la información. Lo que haremos será volver a iniciar el procedimiento para irnos por otra vía, que tiene que ver, incluso, con un amparo, para que obliguen a la autoridad a entregar dicha información… seguramente, lo que están tratando de hacer es ganar tiempo para no darnos la información”.
Gobierno dijo a los pequeños dueños que no permitiría subir el precio de la tarifa del transporte, para obligarlos a entregar sus concesiones, y en cuanto lo hicieron se anunciaron los incrementos en perjuicio de quienes necesitaban de ese ingreso para mantener a sus familias.
Acusó a gobierno del estado de seguir invirtiendo de manera irresponsable para enriquecer a ADO: “[Los transportistas] están amenazados, gente que vendió su concesión que hoy no puede decir una palabra, porque así les va, y eso no se vale… aproximadamente con 20, 25 mujeres y hombres, hemos platicado, hay muchos más. Este proceso de amparo va a durar entre cinco y seis meses.
También calificó como 100% electoreros los programas de alcalde y gobernador en tu calle, que ningún beneficio generan a la ciudadanía.
“Gobierno del estado se caracteriza por ser sumamente oscuro en la aplicación de los recursos de estos programas, y no hemos podido acceder a ella. Utilizaremos todos los recursos legales que existen para poder acceder a ella. Al final del día nos la van a tener que entregar, pero están tratando de ganar tiempo, para nosotros no poder tener acceso a la información y [así impedirnos] demostrar que tanto el transporte público como los programas sociales son un fraude del gobierno del estado”, finalizó.