La bancada panista en el Senado de la República exigirá que la Guardia Nacional sea un organismo 100 % civil, declaró la senadora Guadalupe Murguía, al informar que el tema se abordará en el Senado los días martes 14 y jueves 16 de mayo.
“(Se exige) esto de que los militares que participen, y que tienen mucho que aportar a la Guardia, o estén en licencia, o estén en retiro, que estén sujetos al fuero civil, que la coordinación operativa que se integre sea un órgano de apoyo, pero que dependa del secretario de seguridad pública”.
Se debe revisar, continuó, la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, para garantizar que el ejercicio de la fuerza pública que pueda ejercer la Guardia sea proporcional a la acción de los particulares.
“Que no se utilice para sofocar manifestaciones de ningún tipo, que haya una gradualidad, en muchos casos, para la llamada a ejercicio de la Fuerza Letal, sin agredir a la población; un respeto absoluto a los derechos humanos”.
La Guardia deberá regirse por la Ley del Registro Nacional de Detenciones, bajo la cual debe reportarse cualquier detención, además de registrar qué autoridad ejerció la medida, a dónde se llevó al o los detenidos, y a que proceso está o están sujetos.
Subrayó que es necesario tener candados para evitar que la autoridad pueda caer en abusos contra la población, como ocurrió en Ayotzinapan.
Lamentó el incremento de hechos delictivos, que orilló a que los ciudadanos pierdan su capacidad de asombro.
“Todos los días amanecemos con noticias de ejecuciones, de personas levantadas, desaparecidas, el caso, hoy, de Gilberto Muñoz, el líder sindical, y son cuestiones que no podemos dejar pasar por alto”.
Urgió a que se esclarezca ese caso y se castigue a los responsables del caso del sindicalista.
En este punto también lamentó las cifras que, dijo, proporcionó el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, respecto a que México registra una impunidad 99 % en sus actos delictivos, pues se trata de cifras, dijo que desmotivan la denuncia ciudadana.
Sostuvo que la población exige justicia, y que esta se traduzca en la detención y sanción de quienes cometan actos delictivos. La demanda ciudadana, dijo, contrasta con la estrategia de seguridad, en la que se priorizan los perdones y la reducción de penas.
“La estrategia nacional de seguridad no tiene una acción en específico para abatir la impunidad. Nos habla de justicia transicional, de indultos, de perdones, reducción de penas, reconciliación, propósito de enmienda, pero necesitamos que haya una emisión clara, para todos de quien cometa un delito no puede sustraerse de la acción de la justicia”, finalizó.