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Con el objetivo de garantizar la búsqueda efectiva de personas, la Fiscalía General del Estado (FGE) firmó convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Con este convenio también se busca prevenir este tipo de hechos, brindar atención a las víctimas con pleno respeto a sus derechos humanos y lograr la sanción de los responsables de conductas delictivas.
Querétaro es el primer estado del país en firmar un convenio de tal naturaleza, con el fin de dar certeza al respeto a los derechos de las víctimas y su acompañamiento.
Desde octubre de 2015 el tema de desaparición o de no localización de personas ha sido parte de la agenda de trabajo de esta instancia de procuración de justicia.
También se generó un diagnóstico que dio pauta a la toma de decisiones para dar respuesta a los ciudadanos.
El 16 de enero de 2016 se instauró la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas, integrada por personal interdisciplinario para implementar y supervisar acciones de búsqueda e investigación, así como de persecución de delitos.
El trabajo interdisciplinario ha permitido que el trabajo de estos tres años, tenga como resultado un 93 por ciento de efectividad en la localización de personas.
Querétaro se posiciona como uno de los nueve estados en cumplir en tiempo y forma la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.
En cumplimiento a esta Ley, la Legislatura Estatal aprobó la iniciativa de esta institución y reformó la Ley Orgánica de la Fiscalía General, adicionando las disposiciones que incorporan en su estructura a la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por particulares, fijando también su competencia.
Laura Karen Cedillo Torres, Comisionada Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro mencionó que el convenio que se firma entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado, es una muestra de voluntad estatal para avanzar a paso firme hacia la garantía progresiva en la prevención así como al respeto a los derechos de dignidad y seguridad.
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