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Funcionarios del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) actuaron con dolo e irresponsabilidad en el recuento de votos, por lo que se denunciará a quienes realizaron el conteo de votos en el Distrito 7, señaló Sinuhe Piedragil, delegado de Morena en Querétaro.
Según dijo, existió “mano negra” en ese territorio en el que, sin embargo, Enrique Correa Sada, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), quedó en segundo lugar tras el reconteo de votos, dando como ganador al abanderado morenista Ulises Gómez de la Rosa, uno de los dos diputados que obtuvo la llamada Cuarta Transformación tras el conteo oficial.
“Se tenían que computar 194 paquetes electorales y en más de 32 horas no pudieron hacerlo, argumentando que no había personal, que no tenían los nombramientos de nuestros representantes y con mucho dolo por parte de los funcionarios electorales”, señaló.
Las irregularidades, dijo Piedragil, vinieron también por “irresponsabilidad” por parte de los consejeros ciudadanos del Consejo del IEEQ que se conformó en ese municipio, y señaló que habrían tratado de anular votos de Morena intencionalmente, provocando que en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) apareciera Correa como ganador.
Esta táctica, dijo el delegado del partido guinda, también fue replicada por los funcionarios en el conteo oficial e inclusive se les habría negado la representación partidista en un inicio, sumado a que la familia del candidato panista habría “amenazado” a los representantes morenistas para reducir la votación de ese partido.
“Pero también con mucha irresponsabilidad de los consejeros ciudadanos que se supondría que velan por los intereses de los ciudadanos, al final no querían dar la constancia por falta de tinta”, narró al explicar el por qué realizarían estas denuncias.
Finalmente, señaló que estas prácticas no sólo se habrían presentado en ese distrito y que seguirán recabando pruebas para presentar las denuncias, recordando que en esta administración se reformó el Código Penal federal para establecer hasta seis años de cárcel a quienes comentan delitos electorales.
