A propuesta de Morena, Gabriela Nieto Castillo, hermana del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto, fue designada por unanimidad en el Congreso local —donde el PAN tiene la mayoría— magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJEQ); ocupará uno de los dos puestos que dejaron la candidata a gobernadora Celia Maya y Consuelo Rosillo, luego de que a ambas se les autorizó su pensión por alrededor de 150 mil pesos.
Gabriela Nieto Castillo venía ocupando el cargo de magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) .
La otra magistratura la ocupará Laura Angélica López de la Fuente Gómez, luego de que la Legislatura las nombró para el periodo que abarca del 18 de febrero del 2021 al 17 de febrero del 2033.
Nieto Castillo fue magistrada del TEEQ durante los casi 7 años que tiene de creado; fue titular de la Comisión de Igualdad Sustantiva de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.
En tanto, López de la Fuente Gómez forma parte del TSJEQ como magistrada supernumeraria desde el 15 de noviembre del 2019, cargo que concluiría el 14 de noviembre del 2031. En enero del 2020 fue ratificada como juez de primera instancia.
Destaca que Nieto fue propuesta inicial de Morena en la legislatura local, a la que se sumó el grupo de legisladores del PAN.
Previo al nombramiento, se autorizó la solicitud de pensión por jubilación que Maya García y Rosillo Garfias ingresaron desde el 2019, año en el que también comenzaron a recibir un ingreso por concepto de prejubilación.
Con la aprobación de la jubilación a Maya García, le corresponde un monto mensual por 157 mil 266 pesos y a Rosillo Garfias una por 156 mil 255 pesos.
Previo a la aprobación de ambas jubilaciones, el diputado de Morena, Néstor Domínguez Luna, reprochó que las jubilaciones de las exmagistradas no se turnaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la cual es presidente y en su lugar se enviaron a la Comisión de Gobernación.
Sostuvo que se incumplió con la normatividad, ya que antes de que los dictámenes de pensión sean votados deben publicarse en la página de la Legislatura durante 15 días, lo cual no ocurrió.