La coordinadora del grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Abigail Arredondo Ramos, sostuvo que el PRI no debe dañarse por personas testarudas, esto en referencia a Juan José Ruiz Rodríguez y el proceso jurídico que el político inició ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) en busca de ser reinstalado en la presidencia del comité estatal del PRI.
Arredondo remarcó que serán los tribunales los que darán el mejor fallo. Agregó que desde la presidencia de Paul Ospital, en el estado han logrado crecer en cuanto al respaldo social. En este punto enfatizó que Ruiz Rodríguez ya no es priista, pues fue expulsado.
La declaración la realizó en rueda de prensa conjunta con la diputada Karina Careaga Pineda para anunciar que ingresaron una iniciativa de reforma a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, para combatir la corrupción y garantizar que quienes participen en los contratos de los entes públicos sean personas honestas.
La iniciativa permitiría contar con una especie de “Buró”, o “lista roja” en la cual se contengan los nombres de todo proveedor y funcionario que haya incumplido.
En el caso de los servidores públicos que hayan sido sancionados por corrupción, o que estén enfrentando un proceso por esa causa, se verán imposibilitados en participar en nuevas licitaciones.
Se trata de una iniciativa que armonizaría la legislación local con la federal. Las priistas consideraron que se trata de una iniciativa que, además de proteger los recursos públicos, tendría un alto impacto en la forma en la cual se adjudican obras públicas por el actual gobierno federal.
Expusieron que, según datos de “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, el 78 % de las licitaciones que el gobierno federal autorizó, durante el primer año, derivaron de adjudicaciones directas, lo que significa que 139 mil contratos los autorizó directamente a empresas, sin concurso alguno, mientras que el 13% se adjudicaron tras abrir una licitación pública, es decir, únicamente 23 mil de los contratos realizados.
Tras esas cifras indicaron que la Secretaría de la Función Pública, dio a conocer que son mil 500 emresas y proveedores las que han resultado inhabilitadas a junio del año en curso.
Expusieron que son muchas las anécdotas en Querétaro, en las que personas, junto con su empresa, simplemente se desaparecieron tras recibir una obra y ahora son tomadas en cuenta para la realización de proyectos en la entidad.
Los casos se han registrado luego de fallas en Monterrey, Chihuahua, Veracruz, e Hidalgo.
Por último, y respecto a la corrupción e inhabilitación, consideraron como una burla la sentencia que se generó contra de exfuncionarios que elaboraron en la administración municipal de Marcos Aguilar.