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Elegir un fiscal en esta Legislatura vulnerará la voluntad popular de los queretanos, pues el 2 de junio se votó por tener una mayoría en el Congreso local de los partidos aliados a la llamada Cuarta Transformación, aseguraron el secretario general de Morena, Alejandro Pérez Ibarra; y la coordinadora de la bancada guinda, Andrea Tovar Saavedra.
La también diputada local electa por Morena declaró que adelantar la elección de un nuevo fiscal sería un “golpe a la democracia”, debido a que la ciudadanía otorgó la confianza a una nueva mayoría legislativa para realizar este tipo de designaciones, aunque esta Legislatura termina en septiembre.
“Este cambio precipitado del fiscal del estado demuestra que el PAN quiere asegurar al fiscal para el próximo periodo, ya que en la siguiente Legislatura no tendrán la mayoría”, señaló Tovar Saavedra, quien se unirá a la nueva mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) junto con otras 12 personas.
Pérez Ibarra reforzó esta postura, argumentando que la actual mayoría del PAN en el Congreso no representa la voluntad popular expresada en las urnas el 2 de junio, pero además cuestionó las razones de la renuncia del fiscal, quien renunció tras la detención y posterior liberación de tres mandos de la Policía Estatal.
“Elegir un fiscal general del estado en este momento, cuando ya se realizaron las elecciones pero aún no toma protesta la nueva Legislatura, sería ir en contra de la voluntad popular de los habitantes del estado”, afirmó Pérez Ibarra.
La renuncia de Alejandro Echeverría Cornejo como fiscal General de Querétaro ha sido vista como un movimiento estratégico del PAN para mantener el control sobre este órgano, y Pérez Ibarra calificó la renuncia como sorpresiva y contradictoria, recordando que el ex fiscal había señalado su intención de concluir su periodo hasta mayo de 2025. “Se deben revisar las razones para ver si tienen justificación”, añadió.
Pérez Ibarra y Tovar Saavedra instaron a que cualquier nombramiento de un nuevo fiscal se realice conforme a los plazos y procedimientos que respeten “la voluntad popular y el mandato de la ley”.
