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Querétaro se convierte en referente nacional al ser el primer estado en modificar su Constitución para sancionar la violencia política de género, propuesta que respaldaron la totalidad de los 25 diputados que integran la 59 Legislatura local.
Beatriz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, ahondó que con la aprobación se modifica el segundo párrafo del artículo 2 de la Constitución, en materia de violencia política contra la mujer en razón de género, y adiciona el artículo 36.
Con la medida, dijo, “se garantiza que el estado quede libre de actos de violencia política contra las mujeres, y que en él se generen más espacios a favor de ese sector al que integra más de 50% de los habitantes de Querétaro”.
Señaló que la violencia política debe castigarse tanto si la cometen ciudadanos como servidores públicos, pues golpea a cualquier estado que se dice democrático, y lamentó que en 2018 se registraron 238 agresiones contra las mujeres.
Los legisladores también aprobaron regresar la palabra “soberano” en la Constitución del Estado, que se retiró en el 2017. Con la medida se regresó a la leyenda “Estado libre y soberano del estado de Querétaro”, esto pese a la diputada Fabiola Larrondo Montes sostuvo que la modificación era innecesaria.
También se modificó el artículo 199 de la Ley de Movilidad, luego de que el diputado Antonio Zapata Guerrero presentó la iniciativa para que presentar el certificado de secundaria no sea un requisito para obtener el Tarjetón de Identificación del Operador (TIO) de transporte público.
Se aprobó reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro para suprimir la figura de magistraturas supernumerarias.
Se votó crear un consejo ciudadano juvenil que permita al sector ser tomado en cuenta en temas de empleo, seguridad, participación, derechos humanos, educación, arte, cultura y deporte.
En la sesión, el diputado Néstor Domínguez realizó un nuevo llamado para que los diputados tomen en cuenta los contratos colectivos y eviten que los trabajadores al servicio de los poderes del Estado deban recurrir al amparo para obtener los montos que les corresponden en jubilaciones y pensiones.
En lo que va de la Legislatura, derivado de los amparos, se debieron modificar siete decretos ya publicados en el Diario Oficial.
Denunció que sin justificación alguna existe un atraso en dictámenes que se aprobaron desde diciembre del 2018 en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, pues ingresaron a la Oficialía de Partes, pero es fecha que no pasan al Pleno.
También se aprobó emitir un exhorto al gobierno federal para que regrese el programa de servicio de internet a las escuelas y se otorguen los recursos necesarios a los estados para su operación.
La propuesta se aprobó pese a la postura en contra del morenista Mauricio Ruiz Olaes, quien sostuvo que se trata de un exhorto que se emitió únicamente para atacar, tal vez con fines electorales, al gobierno federal.
