La Audiencia Constitucional para resolver el amparo que solicitaron las estancias infantiles se desarrollará el próximo 8 de julio, por lo que el llamado a la diputada Beatriz Marmolejo es a que se conduzca con la verdad, en vez de generar confusión, declaró María González, coordinadora del Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras.
La suspensión definitiva es una parte del proceso, se ordena entregar el recurso a los beneficiarios; son 77 las estancias, de 82, a las que se les admitió en la solicitud de amparo colectivo las cuales atienden a menos de 3 mil niños.
En el amparo colectivo de las estancias se encuentran 29 madres de familia que acudieron a la Secretaría del Bienestar a cobrar directamente el apoyo para sus hijos, 25 ya lo cobraron, tres debieron esperar porque los lugares los registraron con una dirección errónea; además una mujer no puede cobrar el apoyo porque su hijo supera la edad límite de cuatro años.
“Ya vinieron aquí a rectificar sus domicilios. En cuanto llegue el pago de mayo a junio, se va a hacer”, comentó González.
También invitó a la legisladora a que presente la documentación en la que se basa para afirmar que la medida federal de dar los recursos a los padres de familia provoca el cierre de estancias o disminuye la asistencia de niños.
La resolución definitiva del día 12, del mes en curso, ordena que el dinero se entregue a los padres de los menores, lo que ya ocurre en 95% de quienes están registrados en una estancia.
Explicó que los 273 beneficiarios que faltan de recibir los recursos se debe a la falta de orden en los registros de las estancias.
Respecto a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la cual se calificó de regresivas y violatorias la decisión de retirar los recursos a las estancias infantiles, González indicó que serán las oficinas centrales las que darán cumplimiento conforme a lo que mandate la ley.
“En cuanto ellos nos den una instrucción respecto a este tema, vamos a dar cumplimiento… En todas las delegaciones hay la instrucción de seguir las recomendaciones y acatar todo lo que nos diga la ley, respetando los derechos humanos de todas las personas”, mencionó.
Estimó que es poco probable que se cambien las reglas de operación, pero remarcó que si se da la indicación, se acatará.
“Si la ley, el juez nos dice, ‘se va a hacer eso’, se va a dar cumplimiento, pero, obviamente, nosotros tenemos una serie de cuestiones legales a las que podemos recurrir, como es el recurso de revisión, vamos a defender que se entregue el recurso a los beneficiarios, que no haya intermediarios”, finalizó.