El morenista Christian Orihuela Gómez ingresó una iniciativa que propone reformar la Constitución local, para obligar a estado y municipios a proteger la vida y labor de quienes se dedican al periodismo.
A través de su iniciativa propone reformar el párrafo quinto del artículo dos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, para que en ley se establezca que tanto el estado como los 18 municipios que conforman la entidad estén obligados a proteger y garantizar respeto tanto a la vida, integridad como seguridad de quienes ejercen el periodismo.
“De los periodistas reconocemos la importante labor que hacen para ayudar a la sociedad, comunicar la labor de los servidores públicos y de lo que está sucediendo en todo el estado de Querétaro”, expuso el diputado Orihuela Gómez.
La reforma también obliga a que tanto estado como municipio desarrollen protocolos de actuación para proteger el trabajo periodístico y los derechos de quienes lo ejercen.
“Se establece que el gobernador del estado de Querétaro deberá de girar las indicaciones a la Secretaría de Gobierno para que se realice el proyecto de una ley específica en cuanto a lo que esta reforma refiere y sea presentada al Poder Legislativo para su debida discusión y aprobación en su caso”.
También en Querétaro se han registrado hechos de violencia, entre esos mencionó la falta de protección a la cual se enfrentaron este año tres reporteros, quienes no recibieron protección policiaca pese a que fueron agredidos en El Marqués, mientras realizaban su labor.
A lo anterior se suma que la entidad tiene 27 personas dentro del mecanismo de protección de periodistas y protección a defensoras de derechos humanos; una de ellas se encuentra dentro de un refugio de seguridad, cinco personas son periodistas independientes y las demás defensoras en diversas áreas de los derechos humanos.
“Esto obliga al estado a que le dé protección a los periodistas para que realicen su labor y que cuenten con seguridad”, agregó Orihuela Gómez.
De los delitos contra periodistas que se cometieron a nivel nacional, únicamente se generaron sentencias por seis casos, cifra baja si se toma en cuenta que, desde el 2010, se han iniciado un total de 105 investigaciones dentro de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).