Diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron en el Congreso local la iniciativa para una reforma constitucional en materia de justicia, siguiendo así los lineamientos federales establecidos en septiembre de 2024; la reforma busca transformar el sistema judicial local, incorporando la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial local mediante el voto popular.
Al respecto, el coordinador del grupo legislativo de Morena, Edgar Inzunza Ballesteros, destacó que esta reforma es un esfuerzo por democratizar el Poder Judicial, permitiendo que por primera vez magistrados y jueces sean electos por el voto ciudadano. “Queremos trabajar de manera positiva y muy fuerte para el bien de los queretanos”, dijo.
Claudia Díaz Gayou, diputada del PT, agregó que este proyecto consolida el “segundo piso de la Cuarta Transformación en el estado, alineándose con los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum”. Subrayó que la reforma garantizará un sistema judicial transparente y eficiente, bajo un esquema que promueva la igualdad sustantiva y la justicia pronta y expedita.
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En su intervención, el diputado morenista Homero Barrera Macdonald, detalló los principales cambios propuestos: elección popular de magistrados y jueces: Se establecerán procesos democráticos con convocatorias públicas y transparentes; reducción de cargos y periodos: De 13 a 11 magistrados, con periodos de servicio de nueve años y posibilidad de reelección basada en desempeño; creación del Tribunal de Disciplina Judicial: órgano independiente encargado de evaluar y sancionar la labor de juzgadores; impulso a la paridad de género: inclusión transversal de este principio en todos los niveles del sistema judicial; plazos máximos de resolución: limitación temporal para casos tributarios y penales, mejorando la eficiencia judicial.
Barrera Macdonald resaltó que la reforma busca “una justicia de calidad”, reduciendo el influyentismo y el nepotismo. Además, destacó el cronograma de implementación, que incluye elecciones judiciales en junio de 2025 y 2027 para garantizar una transición escalonada.
La propuesta generó cuestionamientos sobre el presupuesto para las elecciones y la capacidad de negociación con fracciones opositoras, como el PAN. Sin embargo, los legisladores de la 4T afirmaron que este cambio es inminente y responde a las demandas sociales de un sistema judicial accesible y justo.
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