La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Grisel Muñiz Rodríguez, se pronunció por una reforma electoral que fortalezca la democracia desde lo local y respete los derechos conquistados por las entidades federativas.
Lo anterior se dio durante los “Foros del Parlamento Abierto de la Reforma Electoral”, convocados por la LXV Legislatura federal.
Afirmó que la consolidación de la democracia mexicana exige un proceso de mejora a fin de alcanzar mayores estándares de calidad, que permitan la participación de la ciudadanía y el acceso a los cargos de elección popular con equidad, imparcialidad y de manera pacífica.
En este sentido, destacó que los Organismos Públicos Locales Electorales han garantizado el avance de la democracia y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía, incluidos grupos en situación de vulnerabilidad por medio de acciones afirmativas.
Recordó que la función de los OPLE no se limita a la organización de elecciones, sino que es permanente a través de actividades como: la educación cívica, la realización de consultas, la constitución de partidos políticos locales, entre otras.
Muñiz Rodríguez dijo estar en favor de la austeridad y la racionalización del gasto público con el interés superior de seguir garantizando procesos electorales transparentes y “ciudadanizados”, que generan estabilidad y paz social.
“Nuestra democracia es perfectible, sí, construyamos entre todas y todos las condiciones para que siga siendo la opción de gobierno preferida y garante de la paz social. Invirtamos en nuestras democracias locales, porque no hay mejor peso invertido que el del sufragio efectivo”, aseveró.
En el caso del IEEQ, la consejera indicó que durante más de 25 años ha contribuido a la gobernabilidad democrática y desarrollo de Querétaro.
Subrayó la importancia de defender el sistema electoral en su conjunto y que una posible reforma en la materia no atente contra el federalismo; consideró que es imprescindible profundizar la democracia para garantizar el derecho de toda la ciudadanía a acceder al poder público en condiciones de igualdad, certeza y legalidad.