Las acusaciones de violencia política de género en el marco del actual proceso electoral pueden ser más frecuentes y no siempre ser verdaderas, sino ser usadas para “deshacerse” de los rivales políticos, por lo que será necesario que las autoridades electorales estén bien capacitadas para detectar las falsas acusaciones de las verdaderas, explica la activista Maricruz Ocampo Guerrero, quien agrega que siempre habrá mujeres aliadas de patriarcado, quienes se han visto beneficiadas y que se presten a denuncias falsas.
La activista dijo que es posible que este recurso puede ser usado para eliminar a rivales políticos en el actual proceso electoral.
Indicó que ha costado mucho que se reconozcan las violencias hacia las mujeres, pero que se debe de tener cuidado cuando se denuncie, “porque ahora pareciera que voltear a ver mal a una mujer es violencia política de género. También hay un abuso por parte de las mujeres, y sí, indiscutiblemente, puede ser utilizado para limitar a un candidato”, advierte.
Explica que cuando se presenten estas denuncias les corresponderá a las autoridades electorales, tanto nacionales como estatales, investigar y sancionar este tipo de conductas.
Por ello, enfatizó, “requerimos autoridades realmente especializadas, realmente con conocimiento y que apliquen la perspectiva de género en sus procesos… requerimos magistrados, funcionarias y funcionarios que conozcan con precisión qué es la violencia política de género, precisamente para que no la utilicen como un arma política en contra de sus contrarios, porque a quien afecta finalmente es a las mujeres, y que pone en tela de juicio las denuncias que nosotras hacemos”, analiza.
“Somos las primeras en exigir que se lleven a cabo las pesquisas correspondientes de la manera correcta por magistrados, funcionarios, por fiscales capacitados y preparados. Es lo primero que tenemos que exigir”.
Agrega que es necesario que esta regla se aplique en todos los partidos políticos, porque la mayoría de las denuncias de violencia política de género se da entre integrantes de los mismos partidos políticos.
Se debe de exigir a los partidos que quienes estén en sus órganos sancionadores conozcan y entiendan la violencia política de género.
Ocampo Guerrero destacó que el pacto patriarcal no sólo lo tienen los hombres, pues hay mujeres que se han beneficiado del patriarcado toda su vida, que han estado tan cercanas al poder y que les conviene estar cercanas al poder y que se van a prestar a este tipo de situaciones.
“El pacto patriarcal también muchas mujeres lo han firmado porque les conviene”, destaca.
Por ello, enfatiza, será necesario que las autoridades electorales no caigan en el juego de la violencia política de género como herramienta para “tirar” al contrario, por ese se debe contar también con juzgados 10% independientes, que no estén al servicio de ningún partido político, de ninguna corriente política, de ninguna autoridad, y que al INE y al IEEQ se les vea como entes autónomos e independientes, para que puedan analizar con detenimiento y conocimiento, para que sus integrantes puedan distinguir entre las denuncias reales y las falsas.
Explicó que en violencia política de género no es necesario que se presenten agresiones físicas, pues con el hecho de que una mujer señale que le negaron recursos para hacer su trabajo, o que le niegan la palabra cuando levanta la mano, o no permitirle registrarse. Por ello, cuando se haga una denuncia, debe de ir acompañada de los elementos de prueba y tiene que haber testigos también.
Los casos
Uno de los casos más recientes de violencia política de género fue el ocurrido a la legisladora local por Morena, Laura Polo, quien denunció, en 2019, al diputado local y líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes, por haber ignorado sus opiniones durante la discusión que se llevó a cabo en el Congreso de Querétaro de distintas iniciativas relacionadas a Peña Colorada. También denunció al legislador del Partido Verde, Jorge Herrera.
La resolución de la autoridades electorales del estado fue que incurrió en violencia política en razón de género, por lo que el Congreso determinó sancionarlo con una amonestación pública, que fue impugnada por Polo Herrera ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), por supuestas irregularidades en el procedimiento al interior del Poder Legislativo estatal. La diputada de Morena exige que Dorantes sea destituido de su cargo.
En junio de 2020, la diputada panista Daniela Salgado denunció al entonces alcalde de Colón, el también panista Alejandro Ochoa Valencia, por hostigamiento que recibió a través de redes sociales y de manera física cuando acudía a entregar apoyos al municipio, pues, dijo, a donde iba siempre había patrullas y elementos de Protección Civil que le dijeron sólo obedecían órdenes.
En este caso, el TEEQ resolvió que el exedil de Colón sí había cometido violencia política en razón de género, al hostigar en redes sociales a la diputada local. Por esta resolución, Ochoa Valencia se vio impedido para contender en el proceso electoral de este año.
En mayo de 2020, la coordinadora de los regidores de Morena en el municipio de Querétaro, Ivonne Olascoaga, denunció violencia política en razón de género al interior del Cabildo capitalino debido al trato desigual hacia su persona, pues no recibe la información que solicita, además de que las iniciativas y gestiones que realiza no reciben respuesta.
La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que sí hubo violencia política en razón de género, por lo que confirmó la sentencia del TEEQ, que mandataba reponer la sesión de Cabildo de enero de 2020, donde se aprobó el Presupuesto de Obra Anual. En este caso los funcionarios involucrados, incluido el alcalde Luis Nava, y el secretario del Ayuntamiento, Jesús Roberto Franco Rodríguez, no fueron sancionados.
Una situación reciente fue la denuncia presentada por Cristina del Llano Feregrino, militante del PRI, en contra de su dirigente estatal, Paul Ospital, a quien denunció por restringirle el acceso al Comité Municipal del PRI en Corregidora.
Ospital impugnó la decisión del TEEQ e incluso acusó al tribunal local de actuar “por consigna”. Finalmente, el TEPJF resolvió a favor del dirigente priísta.
En tanto, en el municipio de Cadereyta de Montes, la regidora Monserrat Gómez Vázquez denunció al alcalde y otros funcionarios por negarle información para realizar de manera correcta su trabajo. La autoridad electoral falló a favor de la regidora de Morena y el presidente municipal tuvo que pasar 36 horas en la cárcel.
