La diputada federal del PAN por el primer distrito de Querétaro, Sonia Rocha Acosta, advirtió que a menos de 48 horas de que se pretenda aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020, los legisladores no cuentan con un dictamen final, por lo que se esperan nuevas irregularidades por parte de Morena.

Como secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, la legisladora queretana informó que fue citada para sesionar en este organismo legislativo el miércoles 20 de noviembre a las 8 de la mañana, para abordar la aprobación por obvia resolución del dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, apenas unas horas antes de que el tema pretenda pasarse al Pleno, y sin que se especifique ni siquiera el lugar en el que se llevaría a cabo dicha sesión.

“Hasta este momento, no tenemos un dictamen que nos permita con tiempo analizar qué modificaciones se le realizaron al presupuesto, ni en dónde se hicieron, ante lo cual, seguramente nos querrán dar a conocer el dictamen final el mismo miércoles a las 8 de la mañana, para evitar que podamos discutirlo en lo general y reservar artículos, mucho menos realizar alguna modificación”, expresó.

Reiteró que de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, los dictámenes deben presentarse con antelación a los integrantes de la comisión antes de ser discutidos, situación que en este caso no ha ocurrido, y que denota una irregularidad más por parte del grupo mayoritario.

Además, la legisladora aseguró que se tiene conocimiento de que el grupo parlamentario de Morena se reunirá este martes a las 6 de la tarde para analizar la propuesta del dictamen de presupuesto 2020, sin que el resto de las fuerzas tengan la información para realizar este mismo ejercicio, por lo que se trata de una clara intención para ‘madrugar’ al resto de las bancadas con una votación fast track.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), dijo, ha levantado la voz para exigir un reacomodo en la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo federal, la cual asciende a 6.1 billones de pesos, pero plantea grandes afectaciones al turismo, la educación pública, la salud y el campo, entre muchos otros.

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