Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Querétaro, cuestionó el proceso por el cual se aprobó la jubilación de la exmagistrada y también actual candidata a gobernadora Celia Maya García, de Morena.
La también diputada local votó en contra de la pensión de la exmagistrada, sin que eso signifique que actuó en contra de un mandato judicial y aunado a ello calificó el monto como obsceno.
“Siempre voy a estar a favor de los derechos laborales y sé que ganó su pensión, pero es injusto, con las miles de familias mexicanas que tuvieron que recortar sus ingresos ahorita. No podemos seguir diciendo que no puede haber gobierno rico mientras que haya pueblo pobre y que hoy estemos generando una pensión de 157 mil pesos, se me hace algo obsceno y una falta de respeto a toda la ciudadanía”, declaró Arredondo.
El amparo que Maya García obtuvo únicamente fue para que no se le aplicara la reforma laboral del 2015, en la que se estableció un tope de jubilación máximo de 42 mil pesos para quienes laboran al servicio de los poderes del estado.
Tal vez podría haber una estrategia electoral atrás de la situación, pues no existía justificación para acelerar el proceso: desde hace tiempo se encontraba la solicitud sin ser turnada a comisión y no había problema para que operara el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro (TSJEQ), que desde hace tiempo contaba con magistrados supernumerarios; de ahí que no había prisa para liberar esa magistratura o la de Consuelo Rosillo Garfias.
Dijo extrañarse por la manera en la cual se manejó la pensión: incluso han llegado amparos a la Legislatura que fueron tramitados por trabajadores con pensiones mucho menores y los diputados, todavía así, buscan reducir aún más las cantidades.
“Si bien obtuvo una sentencia favorable de amparo en 2017, eso solamente fue para efecto de que cuando se discutiera la jubilación no le fueran aplicables las disposiciones de la reforma que se hizo el 10 de diciembre de 2015, no fue para efecto de cumplimiento como cuando te amparas y el juez te ordena que tengas que dar el voto y no tengas de otra, como ha pasado en otros casos”, remarcó.
Otro elemento extraño es que la solicitud contó con el respaldo de los legisladores del PAN, quienes se han caracterizado por regresar solicitudes de pensiones para reducirlas, pese a que desde un inicio eran muy bajas.
“En vez de irse con sus 4 mil 800 [pesos], bajarles a 4 mil 200 por [no querer aplicar] los contratos colectivos. Solamente votaban a favor cuando era una orden del juez, lo de ayer [jueves] no era una orden del juez, ella se amparó desde 2017 y solamente fue para que le siguieran respetando la ley antes de la reforma de 2015”, enfatizó.
La solicitud de pensión estuvo detenida en la Legislatura desde 2019, de repente se turnó a la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales, en lugar de a la del Trabajo y Previsión Social, lo cual es extraño, al igual que la celeridad con que se votó y se llevó al pleno.