El 26 de septiembre de 2014 quedará plasmado en la historia de este país, como la fecha que exhibe la colaboración existente entre el ejército, las fuerzas policíacas y el crimen organizado, que de la mano y bajo el consentimiento del Estado Mexicano, han desplazado a las autoridades en cuanto al acto de gobernar se refiere. Vale la pena recordar que la solución brindada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, fue el montaje de la llamada “verdad histórica”, quien desde la figura del hoy detenido ex procurador Jesús Murillo Karam, buscaron criminalizar a los estudiantes desaparecidos y deslindar responsabilidades de personajes que pudieron ser claves en la búsqueda de los normalistas.
A casi 8 años de distancia, las preguntas persisten y las respuestas aún son insuficientes, pero justo hace unos días, el subsecretario Alejandro Encinas dió a conocer de manera pública y a través de un informe, que lo sucedido aquella noche de Iguala era como desde un principio muchos señalamos, un crimen de Estado. Fue claro al mencionar que no existen indicios de que alguno de los estudiantes aún se encuentre con vida y en particular marca una pauta en cuanto a la lucha por la verdad en este país, que parece consentir a narcotraficantes y asesinar, desaparecer, acosar y perseguir a sus estudiantes. Aquí hago una pausa y externo mi opinión en cuanto a la postura de la actual administración federal, la cual aún tiene deudas pendientes e históricas con la sociedad, pero que con seguridad no tiene un comportamiento ni siquiera cercano al que existía por parte de las autoridades anteriores en cuanto a la criminalización de la protesta y la persecución política a sus opositores, eso les guste o no a los detractores de Andrés Manuel, ha cambiado de manera radical.
Dentro del informe preliminar presentado por Encinas, se expone la participación del grupo criminal Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano, datos que brindan la razón a los padres de los 43 desaparecidos y las diferentes asociaciones nacionales e internacionales que desde un inicio señalaron de poco confiable la investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República. Hoy en la recta final del sexenio de AMLO, se da a conocer el resultado del trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, con el antecedente de haber ordenado la detención de 46 ex funcionarios gubernamentales, entre ellos Tomás Zerón, quien hoy se encuentra prófugo.
El camino a la verdad y a la justicia no ha sido sencillo, la complicidad del Estado ha sido un factor de entorpecimiento de las investigaciones, sin dejar a un lado que 26 personas claves en el caso han muerto en accidentes, ejecución o muerte natural. Hoy Ayotzinapa resiste como lo ha hecho desde que la escuela rural Raúl Isidro Burgos nació como semillero de estudiantes y maestros normalistas críticos y activos en cuanto a la vida militante se refiere, tal como dice en la entrada de esta escuela, lenta pero implacable la justicia va encontrando aquellos que le arrancaron a este país 43 estudiantes de manera artera.
¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!