Proteger y promover la salud pública es una responsabilidad gubernamental de primer orden. Ello quiere decir que es obligación de todo gobierno velar por la salud de todas y todos los gobernados y que su atención debe ser prioritaria.
Desgraciadamente en nuestro México no es así. La salud de las y los mexicanos no es prioridad para el gobierno federal del presidente López Obrador como es cultivar a su clientela electoral. Los hechos así lo demuestran, sigue sin haber los medicamentos necesarios para atender a niñas y niños con cáncer como para otras enfermedades. El sistema de vacunación nacional que era un ejemplo mundial ahora es un rotundo fracaso. Hoy hay 15 millones más de compatriotas que perdieron el acceso a un servicio gratuito de salud al cancelar el Seguro Popular. Tenemos el primer mundial en número de fallecimientos covid de personal médico. Dolorosamente tenemos, si partimos de las cifras reales, uno de los primeros lugares en víctimas fatales por la pandemia por cada 100,000 habitantes, 185 muertes (aprox). Y la lista de ineficiencias y francas carencias y hasta de pifias es muy pero muy larga. La última, no obstante el elevadísimo número de contagios covid, es una verdadera muestra de la estupidez e insensibilidad gubernamental; si se tienen los síntomas que pudieran ser ocasionados por covid asumirse contagiado y aislarse en casa y “no hacerse la prueba”. Con dicha declaración se niega el derecho de los enfermos a conocer de que se está enfermo y por ende a tomar las medidas de prevención y curativas pertinentes, todo ello porque en la Secretaría de Salud no previeron y no compraron la cantidad de pruebas indispensables para esta 4ta ola como tampoco lo hicieron al inicio de la pandemia.
Por lo anterior es que los mexicanos nos hemos visto obligados a acudir con médicos privados y a comprar directamente los medicamentos necesarios en establecimientos privados. De hecho el denominado “gasto de bolsillo en salud”, y que se refiere al gasto en medicamentos y material de curación en que incurren los beneficiarios de los sistemas de salud (IMSS, ISSSTE, Insabi) y que supuestamente les debieron ser facilitados por el sistema de salud al que pertenecen, fue del 43% en promedio al pasar de $2,358 pesos en 2018 a $3,299 en 2020 —para el 2021 se prevé un incremento inclusive mayor— (para el primer decil de ingresos —los que menos ingresan— el incremento fue mayor, fue del 68.3%. (CIEP AC). Es decir, son ahora los privados los que atienden la salud de los mexicanos.
Fuente de los Deseos: Ojalá que la indolencia del Gobierno Federal que ha llevado a las y los mexicanos, que ya pagan vía impuestos o cuotas de afiliación por su atención médica, a buscar atender su salud de manera privada y por ende a pagarla con sus propios recursos y por segunda ocasión.
Comisionado del CECA
