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El Partido Acción Nacional (PAN) irá contra los “superdelegados” del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya que implica una dictadura de facto, aseveró la legisladora federal Marcela Torres Peimbert.
Adelantó que la semana próxima podrían emprender acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las figuras recientemente aprobadas y, dijo, estarán haciéndose oír, a pesar de ser minoría en la cámara, con acciones más estrictas ante la toma de protesta. El documento se ha venido preparando desde hace tiempo atrás, dijo.
“Quisiera pensar que pudiera ser así [echarse para abajo la ley], desde luego ya quedó en ley votada, entonces, hay una enorme incertidumbre y no sólo mía, sino en general, a nivel internacional, entonces, pues ojalá y sí”.
Sobre el posicionamiento que este viernes emitieron 12 gobernadores de Acción Nacional, incluido el mandatario queretano Francisco Domínguez Servién, para rechazar el mecanismo de los superdelegados, la legisladora federal se dijo optimista.
“Veo con mucho entusiasmo el que los gobernadores, tanto del PAN como el gobernador de Jalisco, se unan y realmente pongan un alto a este intento de dictadura fáctica que es la intromisión de este superdelegado a los consejos de seguridad estatal, esto viola totalmente la autonomía y la soberanía en los estados”.
Enfatizó que no se espera “armar” un frente de apoyo en coordinación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues ha sido obediente a Morena ya que no puede alzar mucho la voz ante la amenaza de encarcelamiento contra el Ejecutivo en turno.
“[Hemos visto] un PRI que sabe que tienen un pacto de impunidad con el presidente [Enrique] Peña Nieto”.
Sobre el panorama que avizora de cara al 1 de diciembre, manifestó que es de duda e incertidumbre, de menos esperanza y cada vez más incertidumbre en cuanto a los proyectos que ha planteado Andrés Manuel López Obrador en asuntos como el Tren Maya.
Trabajo
Compartió las iniciativas que trabaja en la Cámara Baja: una que garantiza el pago de pensión alimenticia por parte de varones, otra que busca la protección a las mujeres que trabajan en el hogar y que no cuentan con ningún tipo de derecho laboral.
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