El gobierno federal puede volver a integrar los más de 2 mil millones de pesos que recortó al presupuesto destinado para el funcionamiento de estancias infantiles en el país, aseveró el diputado del PAN, Marcos Aguilar Vega al asegurar que es una petición hecha por todo el grupo parlamentario.
Destacó que, en lugar de hacer recortes por presuntos malos manejos, se deben poner candados para que su funcionamiento sea completamente legal y libre de corrupción.
“No fue un tema abordado de la manera correcta, si desde antes de aprobarse el Presupuesto de Egresos de la federación se hubiera conocido la problemática que posteriormente el Presidente de la República planteó sobre actos de corrupción que ocurrían en estos espacios, así no nos hubiéramos sorprendido, pero disminuir dos mil 200 millones de pesos a estancias es un golpe importante”, destacó.
Enfatizó que es necesario restablecer el presupuesto de 4 mil millones de pesos con el que contaban las instancias infantiles en México, porque el principal interés es no afectar a las familias y maestros involucrados.
Aguilar Vega refirió que este es uno de los programas positivos que se le tendría que dar continuidad, recordó que durante el sexenio de Felipe Calderón hubo hasta 9 millones de personas beneficiadas a través de las estancias.
El legislador dijo confiar en que no haya más programas que se recorten sin tener la suficiente información; sobre todo porque hubo varios ajustes para lograr recaudar 317 millones de pesos necesarios para la implementación de los 25 nuevos programas.
Asimismo, manifestó que la modificación del artículo 19 Constitucional en el que se incluyen nuevos delitos al catálogo de delitos por los que se amerita prisión preventiva oficiosa contribuyen a la sobrepoblación de los centros penitenciarios.
Él, al igual que otros 34 diputados del PAN votó en contra de esta reforma impulsada por el Ejecutivo Federal, pero el resto de los legisladores por Querétaro votaron a favor.
Explicó que de acuerdo a diversos organismos internacionales esto es una medida regresiva y violatoria de derechos humanos que permite la privación de la libertad sin que exista una comprobación de la culpabilidad del acusado.