El coordinador de los diputados locales del PRI, Paul Ospital, propone “muerte civil” para servidores públicos que sean sentenciados por cualquiera de los 17 delitos de corrupción estipulados en el Código Penal.
De acuerdo con Ospital, la iniciativa tiene como objetivo impedir que quienes cometan actos corruptos puedan volver a desempeñarse en la administración pública, ya sea en niveles municipales, estatales o federales, dentro de Querétaro. “Ser corrupto te costará tu vida política”, señaló el legislador, al subrayar que esta medida extrema es necesaria ante la gravedad del problema.
La iniciativa plantea reformar los artículos 8 y 37 bis de la Constitución del estado para incluir como requisito indispensable para ocupar cualquier cargo público no haber sido sentenciado por alguno de los siguientes delitos: desempeño ilícito del servicio público; abandono del servicio público; uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público; abuso de autoridad; intimidación; coalición de servidores públicos; peculado; cohecho; concusión; enriquecimiento ilícito; ejercicio abusivo de funciones; trafico de influencia; operaciones con recursos de procedencia ilícita en materia de corrupción; delitos contra la administración de justicia por hechos de corrupción; evasión de personas aseguradas; promoción de conductas ilícitas; y adquisición u ocultación indebida de recursos públicos.
La propuesta incrementaría las penas para estos delitos con el fin de evitar beneficios procesales como acuerdos reparatorios, suspensiones o criterios de oportunidad, mecanismos que han permitido a muchos implicados evadir una sentencia formal.
El diputado justificó la viabilidad de su propuesta recordando el precedente de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, que prohíbe a personas sentenciadas por violencia familiar, agresión sexual o incumplimiento de pensiones alimenticias ocupar cargos de elección popular.
Reconoció que la iniciativa podría enfrentar críticas por parte de quienes defienden la reinserción social, pero aseguró que la corrupción, al ser un “cáncer que ha hecho metástasis en todos los niveles de gobierno”, requiere acciones radicales.
La propuesta ahora deberá ser analizada por el Congreso local, donde se espera un intenso debate, dada la contundencia de las medidas planteadas. En caso de ser aprobada, Querétaro se convertiría en el primer estado del país en implementar este tipo de sanción contra servidores públicos corruptos.
