La diputada local, Beatriz Marmolejo Rojas, anunció que ingresará una nueva solicitud de desacato contra el delegado de la Secretaría del Bienestar, Gilberto Herrera Ruiz, esto ante la negativa a cumplir con la suspensión definitiva que se concedió a favor de las estancias infantiles.
“Aún no concluye el proceso legal que se inició a favor de las estancias, pero con la nueva resolución se obliga al funcionario federal a entregar los recursos de forma retroactiva”, indicó la legisladora.
Además detalló que ya se registró el cierre de otros dos negocios, por lo que suman ya siete los que se vieron obligados a detener sus operaciones, luego de que se les fue retirado el apoyo gubernamental.
Declaró que a nivel federal también se desatiende el llamado que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que vuelvan a entregarse los recursos directamente a las estancias infantiles.
“Es una situación delicada, porque hay una falta de respeto a la ley de nuestro país muy fuerte, por parte de las autoridades del ejecutivo… También tengo entendido que en la Ciudad de México ya solicitaron que la titular de la Secretaría del Bienestar comparezca en el Senado de la República. Lo que sigue es que el Senado, las autoridades competentes para esto, puedan pedir, incluso, un juicio político contra estos funcionarios, por desacato”, aseguró Marmolejo Rojas.
Recordó que la primera solicitud de desacato contra la delegación de la Secretaría la presentó tras el rechazo de cumplir con la suspensión provisional, que ordenaba entregar recursos federales a las estancias, en lugar de a los padres de familia.
“[Se trata de] reiterar la orden del juez para el pago a las estancias infantiles, en términos de las reglas de operación 2018, y en todo caso, la sanción es para los funcionarios públicos que incumplan. [Debemos] recordar que las sanciones van desde la económica, que va al patrimonio del funcionario público; la inhabilitación, o la destitución del cargo, y también puede haber pena privativa de la libertad para el funcionario que incumpla”, explicó la legisladora.
Remarcó que los recursos a las estancias deberán entregarse ante la suspensión definitiva, pero el proceso aún no concluye.
“El juez es el que va a dictar las medidas para que la autoridad del ejecutivo cumpla… La suspensión definitiva tiene alrededor de dos semanas, nosotros tenemos está notificada la Secretaría del Bienestar porque la notificación es pública; se publica en la Gaceta Judicial, no hay justificación para decir que no tienen conocimiento de esta situación, cuando son parte del proceso”, explicó.
Por último indicó que la suspensión se otorgó a 82 de las 91 estancias que solicitaron amparo, nueve cuentan con el respaldo de la diputada Sonia Rocha y el restante con ella.
“En toda la República mexicana ya hay más de 500 amparos, y la resolución está siendo positiva para todas las estancias infantiles, en la mayoría de los casos”, finalizó.