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El diputado del Partido Encuentro Social Ricardo Caballero González ingresó una iniciativa de reforma al Código Urbano del Estado de Querétaro para prohibir que los desarrolladores sigan construyendo viviendas cuando aún no concluyen los procesos de entrega recepción ante las administraciones municipales.
Y es que se trata de un problema que afecta a 700 mil personas, la mayoría en el municipio capitalino, explicó el legislador.
Indicó que al mes de julio de 2019 se estimaba que los fraccionamientos y condominios sin entregar sumaban 277 los primeros, y 2 mil 389 los segundos.
Apuntó que deberá garantizarse que los desarrollos cuenten con los servicios básicos como son agua, drenaje, energía eléctrica, gas e instalaciones sanitarias antes de ponerse en venta.
Apuntó que incluso se crearon desde hace décadas algunos de los desarrollos que se encuentran en esa situación, entre los cuales destacó el caso de Lomas de Casablanca.
Otro que se encuentra sin entregar es La Aurora, que tiene aproximadamente 17 años en esa misma situación, es decir, que no puede concretar el proceso de entrega.
También nombró a los desarrollos de San Ángel, Ciudad del Sol y Paseos de San Miguel, este último con entre 2 mil y 3 mil viviendas.
Sin querer dar el nombre, detalló que existe un desarrollo que además de que aún no cumple con el proceso de entrega recepción, también se le relaciona con afectar el área de Peña Colorada.
“Los fraccionadores llenan sus sistemas con pipas. Imagínate un día que no haya agua, se quedan 2 mil personas sin el recurso, y es un fraccionamiento de muy alto nivel”.
Indicó que este fraccionamiento se encuentra entre Fray Junípero Serra y Pie de la Cuesta, y que las casas que ofrece tienen un valor superior a los 4 millones de pesos y que son varias veces que el fraccionador renueva licencias en la Comisión Estatal de Aguas y el municipio.
Argumentó que sería ideal que sólo pudieran efectuar nuevas construcciones cuando a los compradores ya se les haya garantizado el acceso a los servicios básicos.
Detalló que se buscará limitar el número de veces que por un mismo proyecto los constructores pueden solicitar licencias al municipio y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA).
