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El secretario de gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas Gutiérrez, señaló que el Órgano de Control Interno de la administración capitalina no perseguirá el caso de los dos exfuncionarios detenidos el pasado fin de semana, si es que el Poder Judicial determina las sanciones penales correspondientes.
Recordó que en los casos por corrupción más recientes cometidos por exfuncionarios públicos del municipio capitalino —como el de Manuel Velázquez Pegueros y Fernando Martínez Garza— el Poder Judicial ha sido el encargado de aplicar las sanciones judiciales, administrativas y resarcitorias.
Ante esto, Casillas Gutiérrez explicó que “cada vez que hay un presunto acto ilícito cometido por funcionarios o exfuncionarios públicos municipales, el ayuntamiento está obligado a brindar todos los documentos que solicite la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción”.
Al cuestionar al funcionario municipal sobre el motivo de la detención delos dos exfuncionarios de la administración que encabezó el priista Roberto Loyola Vera, dijo no tener claro los motivos de la detención
Por eso, el abogado general de la actual administración municipal se reunió el mediodía del lunes con la Fiscalía para conocer más a fondo sobre el tema.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el pasado domingo se detuvo a un hombre y una mujer por su probable participación en delitos de corrupción, al aprobar la compra de material de construcción, sin que este fuera entregado a la administración, sino a un predio particular en el municipio de Colón.
Derivado de eso y con la denuncia de un particular se inició una averiguación previa a raíz de la que se recabaron pruebas suficientes para obtener las órdenes de aprehensión por los delitos de negociaciones ilícitas, así como ejercicio indebido del servicio público.
