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La diputada morenista Fabiola Larrondo Montes ingresó una iniciativa de ley en la cual propone que el divorcio administrativo pueda realizarse ante notario, ya no necesariamente ante el Registro Civil.
Será un derecho al que sólo podrán acceder aquellas parejas que previo a contraer matrimonio acudieron ante un notario para celebrar sus capitulaciones matrimoniales.
Explicó que actualmente las parejas deben acudir al registro civil para solicitar el divorcio administrativo, que es aquel en el que ambas partes están de acuerdo en dar por terminada la relación conyugal.
Las personas están obligadas a previamente liquidar la comunidad de bienes, si es que al celebrar el enlace optaron por ese tipo de unión.
Con la iniciativa se propone establecer que cuando las parejas cuenten con las capitulaciones matrimoniales puedan recurrir ante el notario para establecer el fin de la relación.
Expuso que su iniciativa toma como base que los notarios están autorizados para constituir sociedades, también para disolverlas, de tal forma que esa capacidad se ampliaría a las sociedades conyugales.
Las capitulaciones son un trámite que ayuda a dar certeza a la pareja, de ahí que la reforma también ayudará a que se genere una mayor conciencia de ello entre quienes buscan contraer matrimonio.
La legisladora consideró que la iniciativa también servirá para acelerar los procesos de separación y evitar que pueda existir discrecionalidad en los jueces que deban llevar el proceso de divorcio.
Al permitir que ambas partes acudan directamente ante un notario se evitará que una controversia innecesaria llegue a juzgados.
Por lo anterior, entre los beneficios que se generarán también estará una disminución en la carga laboral en los juzgados, y, por tanto, tener un ahorro en la aplicación de los recursos públicos que deben invertirse para estos casos.
“La propuesta es para que esta disolución pueda hacerse ante notario público. Recordemos que el notario público es un auxiliar de la función pública… está autorizado para autentificar actos y hechos a los que los interesados deben o quieren dar autenticidad conforme a las leyes, y sus funciones confieren dando certeza jurídica”, argumentó la diputada Larrondo Montes.
