Panistas y morenistas intercambian descalificaciones por la Ley de Aguas de Querétaro, ya que tienen posiciones contrarias respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Santiago Nieto Castillo, excandidato al Senado de la República por Morena, subrayó que el panismo miente al asegurar que la SCJN declaró constitucional la norma aprobada por el Congreso local en abril pasado.

Aseguró que se desechó un recurso de amparo contra la ley que promovió Fernando Romero, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y otros ciudadanos y activistas. Y agregó que, en realidad, no invalidaría la norma en su totalidad, sino únicamente un tema particular.

“No se vale mal informar a la ciudadanía; lo que resolvió la Corte fue el amparo del doctor Romero, pero por el tema particular de los medidores individuales. Eso fue lo desechado y no la acción de inconstitucionalidad 102/2024. Por favor, panistas, dejen de mentir”, recriminó el político morenista.

En contraparte, Antonio Zapata, vocero del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que el amparo rechazado por la Corte dicta en su resolución que la totalidad de la norma es constitucional y que son los actores políticos de Morena quienes mienten al seguir insistiendo que la Ley de Aguas es privatizadora y, aseguró, es similar a otra norma ya presentada por el actual Presidente de la República cuando gobernó la Ciudad de México.

Zapata sostiene que la resolución de la Corte declara la validez total de la norma y, más bien, se habrían subsanado recomendaciones por parte de los diputados locales en la reforma promovida por el gobierno de Querétaro y aprobada por la actual Legislatura de mayoría panista.

“No debemos mentir, en este año la Consejería Jurídica solamente impugnó un artículo de la Ley de Aguas del Estado de Querétaro, y ese tema que impugnan ya fue analizado y resuelto por la Suprema Corte desde el año 2017, al analizar la legislación de la Ciudad de México, impulsada por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador”, señaló.

Aún, tanto Nieto Castillo como otros morenistas queretanos han sostenido que el camino para declarar la constitucionalidad de la norma no está terminado y, en realidad, aún quedan recursos jurídicos y el llegar hasta el pleno de la Suprema Corte para que sean los ministros quienes finalmente definan si la norma va o no acorde a la Carta Magna del país.

“El 4 de julio tiene que presentar un informe por parte del Congreso y después se dará una resolución”, aseguró.

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