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Abigail Arredondo Ramos, coordinadora del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reprobó que derivado de los problemas para lograr un acuerdo entre el Instituto de Seguridad para el Bienestar (Insabi) y la Fundación de cáncer de mamá (Fucam), las mujeres ahora tendrán que acudir a alguna institución pública.
Dijo que se trata de una acción que demuestra que el Presidente de la República no es un aliado de las mujeres, pues se vulnera a los desprotegidos.
Argumentó que mucho se ha anunciado a favor del Insabi, pero la realidad es que el tiempo pasa y aún se carece de reglas claras de operación.
“Seguimos sin verlo operar, seguimos sin ver las reglas de operación. Si tú querías perfeccionar algo y mejorarlo, no lo eliminas, porque había muchas cosas del sistema que sí servían”, dijo.
La situación cobra especial importancia cuando afecta el tratamiento de las personas con cáncer, pues las afecta a ellas, así como a sus familias
Una persona que se encuentra en tratamiento con cáncer no puede esperar a que el gobierno federal realice pruebas para saber que acciones son las que se deben modificar para mejorar.
“No le puedes decir a una persona que está atravesando por cáncer, que está en un tratamiento, ‘estoy en mi curva de apren dizaje’, aguántame seis meses, o un año, eso no puede ser”.
Enfatizó que cualquier recorte que se realice en materia de salud desestabiliza, situación que es aún más grave cuando se impacta a quienes sufren de cáncer.
Urgió a que PAN y Morena realmente se dediquen a responder a las necesidades que registra la población en materia de salud, y que en ningún momento se utilicen para tratarde beneficiarse.
Declaró que en vez de continuar repartiendo culpas, lo indispensable es analizar que ambas administraciones, federal y estatal, analicen la forma de destinar más recursos a las grandes necesidades en materia de salud.
“Es algo prioritario el tema de la salud, mucho más prioritario que hacer puentes o avenidas nuevas, honestamente. No digo que no necesitemos obra, pero al final es la obligación del estado darlo”, remarcó.
