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El PRI buscará que el titular del Instituto Queretano del Transporte (IQT) comparezca ante el Congreso para explicar diversos puntos, entre ellos la violencia que se vivió en la Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ), cometida por conductores de taxis, indicó Paul Ospital Carrera, presidente del comité estatal del tricolor.
Esto lo informó en rueda de prensa del grupo legislativo para informar que se buscará la inconstitucionalidad de la Ley Guaruras, recién aprobada para dar seguridad a los funcionarios que, por su labor, podrían estar en riesgo.
En la comparecencia de Alejandro López, director del IQT, se pretenden abordar cinco principales puntos: la violencia generada en la terminal, la excesiva concentración de autobuses de QroBus en avenida Zaragoza, las reglas de operación por medio de la cual se entregan los apoyos a la tarifa preferencial, las zonas en las que QroBus no da servicio, pese a la alta demanda, así como las acciones que se efectúan para cumplir con la agenda de desarrollo 2030.
“Hay que transparentar al 100% su operación, que se explique cómo funciona realmente y que esto no vaya a terminar siendo un apoyo electorero. En campaña prometieron transporte gratuito para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, [pero] hoy se lo dejaron en lo que vale, en dos pesos”, manifestó.
La lideresa de la bancada, Abigail Arredondo, remarcó que la comparecencia está respaldada en el artículo 17, fracción 14 del Congreso, mientras que el diputado Hugo Cabrera enfatizó que de ninguna forma se debe interpretar la exigencia para que comparezca como una falta de respeto.
También, indicó, se buscará conocer por qué razón no ha sido posible combatir el pirataje en el servicio de taxis.
Contra normatividad
El diputado Hugo Cabrera indicó que recabará firmas en colonias para presentarlas al gobernador Francisco Domínguez Servién, en busca de que vete la recién aprobada Ley Guaruras, la cual permite que se designen elementos de seguridad para proteger a funcionarios que puedan estar en riesgo.
Remarcó que la armonización con la legislación federal que se autorizó en el Congreso de Querétaro no indica que la seguridad dejará de otorgarse cuando los funcionarios concluyan el cargo, esto en prejuicio del erario público.
En caso de que el gobernador rechace vetar la iniciativa, se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declare la iniciativa como anticonstitucional. Para ello, se necesita que ocho diputados firmen el documento.
